La senadora bonaerense de Unión por la Patria destacó la movilización en defensa de la universidad pública. Rechazó las expresiones del presidente Javier Milei ylos cuestionamientos de Patricia Bullrich y Manuel Adorni.
Diferentes usuarios de la red social advirtieron haber sido agregados a la polémica lista de la Vicepresidenta que en la descripción explica que es para “gente linda” recuerda al ex dictador. Todavía no aclararon si la cuenta fue hackeada o cuál es su finalidad.
Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, explicó que es el Congreso el que debe ordenar esas medidas. Se refirió al pedido de revisión del uso del presupuesto que se les destina a las universidades y aclaró que la solicitud debe realizarla el Congreso y no el Poder Ejecutivo.
OSDE fue la primera en comunicar que sus facturas presentarán una reducción del 22% en abril. Igualmente, aclararon que habrá diferencia entre afiliados por obra social y directos.
A pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol emitió una Circular Roja para su detención. Vahidi actualmente es ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka.
Faltaron seis legisladores para llegar al número para tratar la iniciativa de la oposición. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, rechazó habilitar una prórroga.
El jefe del del bloque Hacemos Coalición Federal apuntó contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por "sorprenderlo" con 60 artículos. "Eso no lo voy a votar, es un ataque sorpresivo de decir ‘bueno, los muchachos están flexibles, metámosle la reforma laboral’”, consideró.
Ante la multitudinaria marcha universitaria de ayer en todo el país, el Gobierno decidió considerar el reclamo "genuino" al ser de "de estudiantes que plantean dudas sobre su futuro". Aunque apuntaron contra la oposición por "intentar convencer a un grupo de que el Gobierno va a cerrar la universidad pública".
Se trata de la fábrica militar “Fray Luis Beltrán”, ubicada a unos 20 kilómetros de Rosario. En el DNU se destaca que el predio militar "constituye un objeto de valor estratégico, dado que su destrucción o posible daño afecta a la seguridad del Estado”.
El ministro de Justicia presentó la denuncia como suya y expresó que descubrió a una banda que quería estafar al Estado. En realidad, las denuncias datan de 2014 y fueron hechas por víctimas de la dictadura e impulsadas por la anterior gestión.
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