El organismo de derechos humanos hizo el requerimiento a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense porque busca conocer el diagnóstico que motivó la implementación de pistolas de descarga eléctrica en las fuerzas policiales.
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
En la reunión de trabajo se solicitó la ampliación de las medidas cautelares para la protección e integridad de las personas detenidas en las comisarías y el cese de su uso como lugares de alojamiento permanente.
Desde el organismo argumentaron que "es indiscutible que ya ha formado opinión al respecto". Además explicaron que su toma de posición está condicionando la investigación y como consecuencia "la desaparición de Santiago Maldonado no está vinculada a ninguna detención ni acción que pueda implicar la responsabilidad de esa fuerza".
“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina”, expresaron Madres, Abuelas, Hijos, Familiares y otros organismos. El acto será el miércoles 10 a las 18 en Plaza de Mayo.
El debilitamiento del proceso de juicios a los represores, la tortura sistemática en los lugares de encierro, los abusos cometidos por fuerzas de seguridad y los retrocesos en materia de políticas migratorias fueron algunos de los puntos señalados por los referentes de Naciones Unidas.
La muerte de siete presos por el incendio en una seccional bonaerense volvió a poner en evidencia la sobrepoblación en los espacios de detención y las irregularidades que implica el alojamiento de detenidos en comisarías. Se investiga la responsabilidad de los policías.
El gobernador de Mendoza reconoció que fue el impulsor de la postulación de Carlos de Casas, junto a Ernesto Sanz. Acusó al kirchnerismo de orquestar una “campaña de desprestigio” contra el letrado, impugnado por los principales referentes de derechos humanos.
El decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri se publicó hoy en el Boletín Oficial. Apunta a acelerar los procesos de deportación de extranjeros procesados, aún antes de que la Justicia determine si son culpables o no de los delitos que se les imputan.
A pesar de que la Constitución prohíbe legislar por DNU sobre las políticas migratorias, el Gobierno ya cuenta con un proyecto que pretende modificar la regulación actual sin ningún tipo de control parlamentario.
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