El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
