El Gobierno de Mauricio Macri oficializó hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la modificación de Ley de Migraciones, con el objetivo de acelerar los procesos de deportación e ingreso al país de extranjeros que presuntamente hayan cometido delitos.
La medida permite expulsar de forma exprés a personas procesadas, antes de que la Justicia determine si son inocentes o culpables.
Para justificar la medida, dispuesta a través del
decreto 70/2017 que se publica en el Boletín Oficial, se remarca que “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”.
El texto establece que no deberá esperarse a que un extranjero tenga condena firme por un delito para poder ser expulsado del país o impedirle su ingreso. Cuando haya condena en primera instancia o procesamiento firme, siempre que se trate “delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de la libertad”, podrá ser expulsado o negarle entrar al país. La disposición se aplica a delitos como tráfico de armas, de personas, órganos o drogas, así como lavado de dinero y corrupción.
Según publicó el diario Clarín el fin de semana, el DNU contó con el apoyo del Frente Renovador que conduce Sergio Massa en la cámara de Diputados y con el de Miguel Ángel Pichetto, titular del Frente para la Victoria en el Senado.
Desde que se conoció el proyecto del DNU que hoy se oficializó,
organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron sobre los peligros de asociar migración con delincuencia. Pese a las advertencias de especialistas en la materia, el Gobierno avanzó con la medida.
