La Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se reunió el último jueves con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la crisis por la que atraviesan las comisarías de la provincia de Buenos Aires.
Según publicó el CELS, los tres organismos “solicitaron la ampliación de las medidas cautelares para la protección de la vida y la integridad física de todas las personas alojadas en las comisarías y el cese de su uso como lugares de alojamiento permanente”.
Asimismo, indicó que “el Estado nacional y provincial reconocieron la gravedad de la situación aunque no propusieron medidas para revertirla, ni para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en esos ámbitos”.
La reunión de trabajo donde se expusó la crisis humanitaria en las comisarías bonaerenses fue ante el coordinador del área de medidas cautelares Jorge Meza, representantes del Estado nacional y provincial, y el comisionado Luis Vargas Silva, quien al finalizar la reunión señaló “la gravedad de la situación y la falta de toda respuesta estatal”.
En un comunicado, el CELS explicó que “en la actualidad hay 4.129 personas se alojan en 1.021 camastros”. Además, en el último año creció un 26 por ciento la cantidad de personas detenidas en comisarías. Esta sobrepoblación y hacinamiento provocó 68 muertes desde diciembre de 2015 a la fecha.
Por último, señalaron que de las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas.
