El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura evaluó el cumplimiento del Estado argentino de las obligaciones de la Convención contra la Tortura. Sus miembros cuestionaron la situación de hacinamiento en cárceles, la sistematicidad de la violencia contra detenidos, la violencia policial contra jóvenes pobres e integrantes del colectivo trans, la situación de los migrantes a partir de las medidas impulsadas por la gestión Cambiemos y la criminalización y estigmatización de las mujeres en relación al aborto, entre otros ítems.
Los cuestionamientos del Comité contra la Tortura fueron reseñados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), tras la evaluación realizada por el organismo la semana pasada. Uno de los temas sobre los que advirtió el Comité fue el
debilitamiento del proceso de memoria, verdad y justicia. Al respecto, si bien los expertos subrayaron la importancia del proceso de juzgamiento a represores, también alertaron sobre el “debilitamiento de estructuras que colaboraban en la producción de información para los juicios” y expresaron su preocupación por la lentitud de los procesos.
En cuanto a la tortura en las cárceles, cuestionaron la sistematicidad de estas prácticas arraigadas en las rutinas de las fuerzas penitenciarias y de seguridad. Y señalaron las situaciones de violencia derivadas de las requisas invasivas, los traslados arbitrarios y el aislamiento prolongado como métodos de castigo colectivo. Además, advirtieron sobre los
altos índices de impunidad en casos de tortura y muertes en el encierro y el deficiente trabajo judicial en ese sentido.
Cuestionaron, también, el marcado crecimiento de la tasa de encarcelamiento y, como consecuencia, el uso de dependencias policiales en forma permanente y a muy malas condiciones de detención.
El Gobierno admitió una situación de sobrepoblación carcelaria, al tiempo que justificó “por razones de seguridad” las reformas penales impulsadas como la de la Ley 24.660, para limitar las excarcelaciones. Los miembros del comité resaltaron que esas medidas contradicen las Reglas Mandela y potenciarán la situación de hacinamiento. Ante eso, desde el Estado argentino se anunció un ambicioso plan de construcción de cárceles. Pero el Relator para la Argentina del comité planteó que con el ritmo actual de crecimiento de la tasa de encarcelamiento no bastaría con nuevas instalaciones si no se aborda el tema de fondo.
El Comité también puso énfasis en la grave situación de
violencia policial contra jóvenes en contextos de detenciones sin orden judicial y advirtió sobre los impactos negativos de la reforma migratoria impulsada por el macrismo. Específicamente, a partir de la reforma de la Ley de migraciones por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017.
En relación al acceso al aborto legal y la violencia de género, el comité manifestó su preocupación por los obstáculos que impiden el acceso a los abortos legales, así como la persecución a las mujeres que al buscar asistencia médica post aborto son sometidas a malos tratos y torturas. El caso testigo, en este punto, fue el de “Belén”, la joven que pasó más de dos años presa en Tucumán.
