A un año de la denuncia contra la administración de Mauricio Macri por el envío de armamento a Bolivia en 2019, el embajador argentino en ese país, Ariel Basteiro, consideró que formó parte de un "plan sistemático" para derrocar al expresidente boliviano, en el que también participó el Gobierno de Ecuador.
La expresidenta de facto tiene pendientes otros dos juicios. Uno es el "caso Golpe de Estado I",por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.
El exvicepresidente boliviano contrapuso el envío de insumos bélicos por parte de Cambiemos con la acción humanitaria que tuvo Alberto Fernández para con el país vecino en medio de la pandemia de coronavirus. "Envió un avión Hércules para mandar vacunas, no municiones", resaltó.
El Procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano, habló sobre la colaboración que recibió el gobierno de facto boliviano por las administraciones de los países vecinos, entre ellas la del expresidente argentino, y calificó lo sucedido como una “actuación política no leal".
El fiscal imputó al exjefe de Gabinete y también a Jorge Faurie y Fulvio Pompeo por el envío ilegal de material represivo en 2019, ante el Golpe de Estado contra Evo Morales. Con Macri y Bullrich, entre otros, son 7 los dirigentes de primera plana de JXC investigados.
Javier López Biscayart le dio vista a la fiscalía a cargo de Claudio Navas Rial para que opine sobre la ampliación de la denuncia realizada por el Gobierno nacional respecto al rol del exjefe de Gabinete, el excanciller Faurie y el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo en el envío de armamento bélico a los autores del golpe de Estado a Evo.
Se trata del legislador porteño Claudio Romero, quien calificó a lo que hizo Macri de "negociación de país a país" como "en la época de Menem se mandó" armamento a Ecuador y a Croacia y ameritó una condena luego quitada por la demora en el juicio. Mirá el video.
Javier López Biscayart declinó la competencia del caso del envío de armamento de JXC a Bolivia durante el golpe de Estado. Lo pasó al juzgado de su colega Alejandro Catania. Éste debe decidir si acepta o si la lleva a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que se defina quién sigue investigando.
El ministro de Gobierno de Bolivia afirmó que hubo un plan para dar el golpe de Estado y aseguró que a su país ingresó "armamento antidisturbios no autorizados". Dijo que funcionarios argentinos y bolivianos violaron tratados internacionales, cometieron "tráfico ilícito de armas" y que la pena es "30 años de prisión sin derecho a indulto”.
El ministro de Justicia afirmó que “a esta altura no quedan dudas” de que hubo un envío irregular de material represivo por parte del gobierno de JXC a Bolivia en noviembre de 2019. Su par de Defensa agregó que tiene "pleno convencimiento de que el expresidente estaba al tanto".
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