A horas de que la justicia ampliara la imputación a ex funcionarios como, entre otros,
Marcos Peña, por el caso del contrabando de armas y balas a Bolivia durante el gobierno de
Mauricio Macri mientras se reprimían protestas en ese país por el golpe de Estado a
Evo Morales,
un legislador porteño de Juntos por el Cambio que además preside el PRO comparó explícitamente ese hecho con las ventas de armamento de la gestión de Carlos Menem a Ecuador.
Entrevistado en Crónica TV por la iniciativa de su espacio de crear una nueva cuenta en Instagram, denominada “Migrantes JxC”, para "capturar" votos de los 417 mil extranjeros con residencia permanente en territorio porteño y que están habilitados para votar, el legislador macrista
Claudio Ariel Romero fue consultado sobre el envío al gobierno de facto de Bolivia de armas para la represión, cuando gobernaba Macri.
La respuesta de Romero, interrumpida aparentemente al notar lo que estaba diciendo, no deja lugar a dudas:
"Fue una negociación de país a país, como en la época de Menem se mandó...".
Ante un extendido silencio, el conductor completó la frase.
"Contrabando de armas" a Ecuador y otros países, le recordó. Ante ese escenario, Romero primero intentó cuestionar la mirada del periodista, pero finalmente prefirió cambiar de tema.
"Es una apreciación personal, yo no estoy de acuerdo. Hágame otra pregunta", cortó el legislador.
La venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia fue un escándalo político que sacudió al entonces presidente Menem. La causa judicial tuvo durante 26 años de marchas y contramarchas judiciales, que terminaron con la absolución del ex mandatario y otros acusados por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, tras una condena a siete años de cárcel, bajo el argumento de que no se cumplió el “principio del plazo razonable” para arribar a una sentencia firme.
Esto significa que, según la justicia, como se demoró mucho en el juicio no se pudo determinar si Menem y otros diez imputados contrabandearon o no 6.500 toneladas de armas y explosivos a países a los que determinadas disposiciones internacionales les prohibían adquirirlos.
El terrible episodio llevó a la cárcel al expresidente por unos meses de 2001, e incluyó sospechas por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, con la presunta intención de borrar pruebas para la causa. Allí murieron 7 personas y hubo más de 300 heridos.
