Avanza la investigación sobre el presunto contrabando de armas y balas a Bolivia y, con eso, se complica la situación de más integrantes de lo que fuera la gestión nacional de Juntos por el Cambio:
el fiscal Penal Económico Claudio Navas Rial confirmó las imputaciones a Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos) en la causa en la que se investiga el envío de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, en medio del Golpe de Estado contra Evo Morales.
Según dio a conocer la justicia y publicó Télam, impulsó así la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional, con nuevos elementos probatorios que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas a través de reuniones sucedidas en Casa Rosada previas al envío de las armas.
Con la imputación de Peña, Faurie y Pompeo,
ya son siete los integrantes del Poder Ejecutivo nacional del gobierno de Mauricio Macri complicados en la investigación, incluyendo al propio ex presidente. También están en la mira, desde la primera decisión judicial, a mitad de julio, la ex ministra de Seguridad
Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa
Oscar Aguad y el exembajador argentino en Bolivia
Normando Álvarez García, hoy funcionario de Gerardo Morales en Jujuy.
En la misma situación están el exdirector de Gendarmería Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.
"Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación", en los hechos, argumentó Navas Rial en la imputación que tiene a Peña como principal figura involucrada.
Del dictamen, que el fiscal le presentó al juez
Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero".
En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la participación de Macri en el golpe de Estado cometido contra Morales. Los ministros
Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.
"Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando", sostuvieron en aquel escrito al que accedió esta agencia.
El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que "el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje".
"Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia", agregó la presentación.
