La causa que se investiga en la Argentina por el
contrabando de armas y balas realizado por el gobierno de Mauricio Macri bajo la gestión de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad hacia
Bolivia en el marco del
golpe de Estado a Evo Morales tiene novedades:
el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart declinó la competencia del caso en favor del juzgado donde se radicó la primera denuncia, que conduce su colega Alejandro Catania, y ahora éste debe definir si acepta o que la instancia superior tome la determinación.
López Biscayart argumentó su decisión en que Catania recibió minutos antes que él una denuncia sobre el envío de armas a Bolivia, aquella que presentó el excamarista
Eduardo Freiler. Luego se produjo el ingreso de la presentación del Gobierno nacional, firmada por los
ministros de Justicia Martín Soria; de Seguridad Sabina Frederic; y la titular de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.
Justamente fue esta última denuncia la que se motorizó durante las dos semanas del receso invernal en los tribunales y que en ese tránsito produjo avances. El magistrado ahora saliente del caso entendió que la declinación de la competencia no genera ningún gravamen para el desarrollo del expediente, que las medidas urgentes ya fueron realizadas y que por regla general corresponde que el caso sea tramitado por el juez que tuvo la primera denuncia.
“La declinación de competencia que se decide no determina un grave retraso para la investigación de los hechos denunciados”, escribió López Biscayart en su escrito, al que accedieron medios como Página 12 y Télam, y sumó a su fundamento que en los dos expedientes interviene el fiscal
Claudio Navas Rial, con ambas investigaciones delegadas, por lo que este movimiento no debiera agregar demoras.
Fueron exactamente tres las denuncias por el caso del contrabando de armas de la mano de Macri y Bullrich a Bolivia: la primera la realizó el exjuez Freiler y recayó por sorteo en el juez Catania que, hasta el próximo lunes, tiene su juzgado subrogado por el juez
Rafael Caputo; la segunda fue la realizada por el Poder Ejecutivo nacional y le cayó a López Biscayart; y la tercera fue la presentada por una unidad fiscal especializada y le cayó a Caputo.
La primera denuncia fue delegada de inmediato en el fiscal Navas Rial, que también intervino en la segunda. En tanto, la tercera fue remitida al juzgado de López Biscayart por haber sido posterior a esa. De las tres, la más avanzada es la que tramita en el juez que declinó hoy, porque incluye toda la información aportada en la denuncia y la ampliación realizadas por los ministros Soria, Frederic y la titular de AFIP Marcó del Pont.
“En ambos se investiga el presunto envío irregular de armamento al Estado Plurinacional de Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 en el que habrían tomado parte -supuestamente- Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Raúl Aguad, Normando Álvarez García, Gerardo Otero, Jorge Fourie, entre otros, por lo que corresponde la unificación del trámite del caso ante un mismo órgano jurisdiccional”, explicó el magistrado sobre todos los imputados.
No obstante, el pase del expediente a las manos de Catania no es automático: ese magistrado, en primer lugar, deberá definir si acepta el expediente que le remitió su colega López Biscayart. Si este no lo recibe, cosa que es probable, será la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico quien defina el destino final de la causa. Se considerará seguramente el fundamento del magistrado saliente pero también que la investigación en ese juzgado fue la que más avanzó y la que tiene toda la documentación que recabó el Gobierno.
