Una vez más, el veto presidencial es protagonista del gobierno de
Javier Milei. Esta vez le tocó a los recursos destinados a la educación pública universitaria de nuestro país. En otro acto contrario a los intereses de la ciudadanía,
el primer mandatario impone su plan arbitrario para denostar la cosa pública y promover su desgaste y eliminación.
En este sentido, trascendió que
el Ejecutivo vetará la ley que fue aprobada con 57 votos en el Senado del Congreso Nacional y con 143 en la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, se persigue la recomposición de los salarios de los docentes.
Esta medida afecta a todas las instituciones de educación universitaria a lo largo y a lo ancho del país. Casas de estudio reconocidas a nivel mundial en función de su alto nivel y destacadas por la calidad profesional de aquellos ciudadanos que se forman allí.
Sin embargo, para el presidente Milei ni la calidad educativa ni los reconocimientos profesionales internacionales que tanto celebra para sí mismo, son motivo suficiente para que el Estado proteja y solvente el buen funcionamiento de esas instituciones.
Nuevamente haciendo uso del relato presidencial que sostiene que todo lo público es malo, que todo lo privado es bueno, y de la ya desgastada retórica que afirma que detrás de cada peso que usa el Estado está la casta escondiendo la cola, el líder libertario ejecuta una nueva acción que pone en jaque el acceso a la educación de la gran mayoría de la población que desee progresar
El recorte afecta de manera indirecta a los estudiantes y de manera directa a las casas de estudios perjudicando también a los docentes y al personal en general. Principalmente afecta al pueblo argentino que tiene, en este aspecto, un sentido de pertenencia transversal: la universidad pública es defendida por los distintos estratos sociales. Un claro ejemplo de ello fue la
masiva manifestación llevada a cabo el pasado 23 de abril a fin oponerse al desguace oportunamente promovido por el líder de la Libertad Avanza.
Actualmente, y frente a este nuevo avance contra los intereses de los ciudadanos,
la comunidad educativa y la sociedad civil vuelven a encontrarse en las calles el próximo día miércoles 2 de octubre, para volver a reclamarle al Presidente que frene el recorte presupuestario que impedirá a muchos argentinos el acceso a la educación.
Un derecho que en nuestro país es considerado columna vertebral del crecimiento, sin importar las banderas políticas que se alcen. Un derecho que es aspecto central de la movilidad social ascendente: el producto del esfuerzo de los trabajadores que pueden brindarle a sus hijos la posibilidad de formarse y así lograr contar con herramientas de calidad para su desarrollo.
También en este punto la gestión del gobierno de Milei se orienta en sentido diametralmente opuesto a los intereses populares, solo resta saber si el presidente sabrá descifrar el mensaje de una sociedad que no llena las plazas para celebrar sus anuncios económicos sino para exigirle que, de una vez por todas, empiece a gobernar conforme las necesidades del pueblo.
