Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, se convirtió en escenario de la primera privatización en la era Javier Milei. El Senado mendocino aprobó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autoriza la transferencia de las acciones "Clase C" de IMPSA, actualmente en manos del Estado provincial.
El proyecto permite transferir el 21,4%, en manos de la Provincia, del total del paquete accionario de la compañía. La empresa dedicada a la generación de energía a partir de recursos renovables tiene divisiones dedicadas a las energías renovables, hydro, energía nuclear, oil & gas, automatización e inteligencia artificial, entre otras.
Según lo aprobado por ambas cámaras del poder legislativo de Mendoza, el texto autoriza la transferencia de las 454.300.000 acciones "Clase C" en poder de la provincia. Según detallaron desde el Senado mendocino, el proceso de venta se llevará a cabo bajo "los principios de transparencia, igualdad, publicidad y concurrencia"
Los fundamentos de la ley detallan que la intervención de la empresa tuvo como “objetivo fundamental" aumentar el "capital social de la compañía mediante la emisión de acciones correspondientes a una nueva clase ‘C’ de acciones ordinarias nominativas no endosables, que la Provincia de Mendoza acordó suscribir parcialmente".
Además, el oficialismo - impulsor del proyecto - fundamentó que la asistencia de los fondos que integró la provincia fueron destinados "a cubrir los costos operativos, el pago de salarios, impuestos y contribuciones, y los proyectos en marcha. Sin esta asistencia, no hubiera sido posible mantener los más de 720 empleos directos".
Durante la sesión en el Senado, la legisladora Ángela Floridia, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, indicó que en 2020 la empresa enfrentó serios problemas financieros debido a contratos fallidos con Brasil, Venezuela y Santa Cruz, lo que puso en riesgo tanto la estabilidad laboral como la continuidad operativa de IMPSA. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial - dirigido en ese momento por Cornejo - intervinieron con un plan de recomposición de la estructura de capital.
Según detalló la legisladora, el objetivo de la intervención estatal fue "temporal" y ahora el gobierno busca vender las acciones bajo su órbita. Sin embargo, la decisión de vender las acciones del Estado también se explica por el pasivo superior a los USD 500 millones que los compradores deberán salir a negociar con los acreedores.
Este proceso se inició a comienzos de julio cuando el Gobierno nacional y el de Mendoza firmaron una carta de intención con la empresa norteamericana, ARC Energy, que comprometió una inversión de USD 30 millones para capitalizar a la exPescarmona. Ese proceso de negociación con la compañía estadounidense se produce en medio de una compleja situación económica que atraviesa la empresa que cuenta con más de 700 empleados.
Las idas y vueltas en la gestión de IMPSA generaron fuertes críticas por parte del PRO de Mendoza. Gabriel Pradines, presidente del partido mendocino, salió al cruce de Cornejo: "De estatistas a privatistas. Breve historia del radicalismo mendocino. Hoy, se rasgan las vestiduras para ofrendar a @JMilei la privatización", apuntó.
