La aprobación de la Ley Bases otorgó facultades delegadas al Ejecutivo que comenzó a ponerlas en práctica rápidamente y el DNU 656/24, que aumenta en 100.000 millones de pesos los gastos reservados de la SIDE, es prueba de ello. Sin embargo, una buena parte de la oposición dialoguista cuestionó ese decreto y aparece en escena la posibilidad de derogarlo.
Desde la “oposición friendly”, los primeros en presentar iniciativas para dejar sin efecto el decreto fueron los bloques de la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. Ahora se suman los radicales que, a través de un comunicado, “exigen el urgente tratamiento de los DNU sobre la SIDE”. Por su parte, Unión por la Patria y el FIT rechazaron de cuajo la medida a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
La iniciativa de Margarita Stolbizer, que propone su derogación, sumó el apoyo del variopinto grupo que integra HCF: los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; Alejandra Torres y Natalia de la Sota de Córdoba; el presidente del PRO en esa misma provincia, Oscar Agost Carreño; y los macristas Nicolás Massot y Emilio Monzó. La diputada del GEN acusó al Gobierno de “hipócrita”, al tiempo que tildó de “inmoral” la medida porque “los costos los siguen pagando jubilados y trabajadores para que otros sigan de fiesta con la plata del Estado”.
Por parte de los lilitos, también hay un proyecto presentado para “declarar nulo de nulidad absoluta e insanable el decreto 656/24” que firmaron los 6 integrantes del bloque. Maximiliano Ferraro expresó que “no hay motivos que justifiquen esa decisión” y agregó que “los gastos secretos y discrecionales dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción”.
EXIGEN TRATAMIENTO EN LA BICAMERAL
Tras la publicación del decreto y las presentaciones de la Coalición Cívica y HCF, varios diputados radicales expresaron públicamente su rechazo -como es el caso de Fernando Carbajal, que posteó en su cuenta de X: “Debemos cuestionar la reforma por DNU del sistema de inteligencia”. En la misma línea, otros siete legisladores (Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Jorge Rizzoti, Manuel Aguirre y Juan Carlos Polini), advirtieron a Rodrigo de Loredo esta postura.
Las serias diferencias dentro del bloque de la UCR, que se vieron a las claras en el tratamiento de la Ley Bases, sembraban la duda sobre el posicionamiento que tendría el resto de sus integrantes. No obstante, tras una extensa reunión que se realizó este martes, lograron una postura unificada respecto al tema del aumento de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia de Estado que implica un 75% de su presupuesto.
En el comunicado emitido por la bancada exigen el urgente tratamiento del DNU de reorganización del organismo de inteligencia, así como el de aumento presupuestario. En el mismo, explicaron que “según establece nuestra Constitución, esa asignación presupuestaria debe realizarla el Congreso Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que de ninguna manera se da una situación de excepcionalidad como para hacerlo vía DNU”.
En esa misma línea, en el Senado, el fueguino Pablo Blanco envió una nota al oficialista Juan Carlos Pagotto (que preside la Bicameral de Trámite Legislativo) para exigir el “urgente” tratamiento del decreto, mientras que Maximiilano Abad, adelantó que, en caso de llegar al recinto sin pasar por la Bicameral, votaría por su rechazo.
El presidente del partido radical en la provincia de Buenos Aires cuestionó la medida: “La reforma del área de Inteligencia que el Gobierno impulsa vía DNU tiene graves desaciertos en términos constitucionales, conceptuales y estratégicos” y calificó como “una barbaridad” el monto asignado para los fondos reservados.
Por el momento se desconoce la postura del senador Martín Lousteau sobre los DNU vinculados a la SIDE. Según pudo conocer este medio “se encuentra analizándolo con su equipo”.
CÓMO SIGUE EL TRATAMIENTO
El decreto 656/24 fue publicado el 19 de julio en el Boletín Oficial y a partir de ese momento, entró en vigencia. Para que sea derogado, debe ser rechazado por las dos cámaras legislativas. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna.
La Bicameral de Trámite Legislativo, que preside Juan Carlos Pagotto de LLA está inactiva desde abril y es la encargada de tratar todos los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Ejecutivo. En caso de que la comisión no sea convocada, luego de 10 días hábiles de la emisión del DNU, el mismo puede ser tratado en el recinto directamente. Por el momento, falta para que se cumplan esos 10 días y el oficialismo tiene la oportunidad de darle curso al tratamiento. Si no lo hace, la oposición deberá hacer números y evaluar la posibilidad de rechazarlo directamente.
