El jefe de Gobierno porteño,
Jorge Macri, adelantó hoy que la Ciudad impulsará demandas civiles para que los detenidos, durante la brutal represión a los manifestantes en contra de la Ley de Bases,
paguen por los daños materiales registrados en las inmediaciones del Congreso. Además, defendió el accionar de la Policía de la Ciudad.
“
Estamos reclamando en causas civiles, que van paralelas a la penal porque los daños económicos se reclaman en esa instancia, a todos los que queden detenidos y procesados. Lo vamos a hacer lleve el tiempo que lleve”, sostuvo esta mañana en conferencia de prensa Macri durante la presentación de un nuevo plan hidráulico para la Ciudad.
El jefe de Gobierno porteño aseguró que su administración lleva gastados más de 270 millones de pesos tras los hechos de la semana pasada: “
Nosotros tenemos la decisión de no permitir que en el espacio público se haga lo que quiera, que la gente destruya lo que es nuestro porque hemos gastado 278 millones de pesos más 21 millones de pesos que hemos entregado a 7 comerciantes porque les destrozaron su propio local y les robaron mercadería”, contó.
El miércoles, durante el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, detuvieron a 33 manifestantes para culpar por los destrozos. En línea con el Gobierno, que los acusó de intentar un
"golpe de Estado", el fiscal
Carlos Stornelli pidió prisión preventiva y dictaminó investigar a los sospechosos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”.
Sin embargo, a última hora del viernes, la jueza
María Servini resolvió hacer lugar a la excarcelación de 17 personas y mantener detenidas a otras 16. A su vez, Stornelli apeló esa decisión y pidió que se revoque la libertad de 14 de esas 17 personas.
Macri avaló la decisión del fiscal y dijo que fue gracias a las pruebas que está aportando la Ciudad. “
Hubo gente que llevaba combustible en sus mochilas o una granada. Evidentemente hubo gente que tenía un plan específico adentro y afuera del Congreso. Una cosa es cometer delitos y otra cosa es tratar de buscar que se suspenda una sesión que tenía como objetivo intentar repetir lo que algunos sectores consideraron el éxito de diciembre de 2017, que es impedir el normal funcionamiento de las instituciones. No los dejamos. Ahora tiene que investigar la Justicia”, aseveró.
Además, rechazó las advertencias sobre detenciones arbitrarias al afirmar que “
si alguien había sido detenido porque se puso violento, pero no fue parte de esos delitos de fuego o piedra, la Justicia tiene la tarea de dilucidarlo”. “No es casual que muchos de esos pseudomanifestantes, la inmensa mayoría tiene antecedentes, estamos hablando de narcomenudeos, robos y delitos sexuales”, añadió.
