En medio de la crisis de inseguridad que afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el ex vicejefe de Gobierno, el diputado nacional amarillo-violeta Diego Santilli, sigue enfocado en su estrategia política en Mar del Plata. Santilli, junto al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, expresó la necesidad de trabajar juntos con La Libertad Avanza para derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Ambos coincidieron en que la unión de estos espacios sería clave para lograr un triunfo en las elecciones legislativas de 2027 y, de esta manera, poner fin a lo que consideran la última "guarida" del kirchnerismo.
Santilli consideró que la provincia de Buenos Aires fue "abandonada" por el actual gobierno, con políticas que, a su juicio, favorecen a los delincuentes en lugar de a los trabajadores. El ex vicejefe de Gobierno de la gestión Larreta expresó que desde 2021 ha planteado la necesidad de consolidar una alternativa amplia y potente contra Axel Kicillof, gobernador de la provincia. En ese sentido, aseguró que una coalición de fuerzas compartiendo un mismo objetivo podría ganar las elecciones de 2027 y poner fin al kirchnerismo en el distrito más grande del país.
Cabe señalar que esta mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó un cruce con el ministro de Seguridad porteño,
Waldo Wolff, tras la fuga de seis presos de una comisaría de Caballito.
Wolff había responsabilizado a la Nación por la fuga, argumentando que la Ciudad de Buenos Aires tiene más detenidos de los que puede manejar. Bullrich respondió rápidamente a través de las redes sociales, recriminándole a Wolff que la Policía de la Ciudad es responsable de los detenidos por delitos comunes, y que no puede eludir su responsabilidad en el manejo de la seguridad local.
El cruce entre ambos ministros resalta la tensión entre las autoridades porteñas y la Nación sobre la gestión de la seguridad. Wolff insistió en que los detenidos por delitos federales deberían estar en cárceles federales, y recordó que la Ciudad está absorbiendo una carga económica considerable al mantener a más de 2.300 presos en alcaidías y comisarías, lo que afecta tanto los recursos como la efectividad de la policía en las calles. El intercambio dejó claro que, además de los problemas de inseguridad, también existen desacuerdos políticos sobre las responsabilidades en la administración de justicia y seguridad en la ciudad.