El camarista Gustavo Salvador aclaró que la falta de documentación no puede ser considerada una razón válida para la detención. Según su resolución, la policía no puede demorar a una persona sin indicios o sospechas de haber cometido un delito, y la ausencia del DNI no se puede interpretar como resistencia a la identificación.
De acuerdo a La Política Online, la Defensa Pública informó que, entre julio y agosto, se registraron alrededor de 4,000 detenciones, de las cuales el 60% correspondieron a personas que no llevaban su DNI. La mayoría de los detenidos eran personas en situación de calle, y solo un detenido tenía un pedido de captura activo. Esto plantea dudas sobre la efectividad de la política de prevención implementada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.
Salvador reconoció la lógica del reclamo, pero no aceptó dos de los planteamientos de la Defensa Pública, argumentando que el hábeas corpus no era el recurso adecuado y que no podía declarar inconstitucional un artículo que otorga a la policía la facultad de detener a personas sin identificación, ya que fue aprobado por la legislatura provincial.
Desde el inicio de la gestión de Pullaro, se han intensificado los controles policiales en las calles, lo que ha generado críticas sobre su carácter discriminatorio y selectivo, afectando principalmente a las personas más vulnerables.
Salvador destacó la necesidad de equilibrar la seguridad ciudadana con el derecho de las personas a transitar libremente, enfatizando que las detenciones deben basarse en condiciones objetivas y no en criterios arbitrarios.
