El tribunal de Casación Penal de Entre Ríos, compuesto por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, anuló una resolución anterior que permitía a Urribarri permanecer en libertad hasta que la condena quede firme. “Existen motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en una unidad carcelaria”, señala el fallo, que subraya la obligación del Estado argentino de investigar y castigar la corrupción con mayor intensidad, de acuerdo con tratados internacionales.
El caso, que también involucra al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y al exfuncionario Juan Aguilera, ha sido señalado por los camaristas como un ejemplo de demoras procesales que buscan desconocer o no respetar las vías recursivas. La sentencia advierte sobre el riesgo de entorpecimiento de la causa penal, lo que justificó la decisión de ordenar la captura.
La condena contra Urribarri, que aún está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo encontró culpable de “peculado” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. Este desarrollo refuerza la presión sobre la política entrerriana y marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el país.
