A pesar del fuerte reclamo de los jubilados y de que la oposición asegurara que iba a insistir con la norma, el presidente Javier Milei logró negociar con parte de la Unión Cívica Radical (UCR) que cedió y apoyará el veto presidencial a la reforma de movilidad jubilatoria. El moño del acuerdo fue la foto de los cinco diputados radicales con el mandatario.
La foto se conoció en la mañana de este martes y exhibe como el Gobierno
, tras presionar a los gobernadores, acordó el respaldo al veto con parte de
los diputados radicales: Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi. Esto impedirá que la oposición, que en las últimas horas perdió entre 8 y 10 votos, logre avanzar con la impugnación del veto presidencial como pretendía. Ya que s
e necesitan los dos tercios para poder insistir.
Lo llamativo es que el presidente del partido,
Martín Lousteau, y el presidente de la UCR bonaerense,
Maximiliano Abad -ambos senadores y dos de las autoridades máximas de la UCR- le piden a los diputados radicales que voten en contra del veto presidencial.
“No llegamos, hay que ver mañana a las 11 de la mañana si los 10 radicales que se dieron vuelta bajan a votar en contra o alguno se ausenta. Ahí radica la diferencia. Hay algunos de los conversos que dicen que se ausentan, pero ya nadie les cree después de este sustancial cambio de actitud”, sostuvo al respecto una fuente en declaraciones a Infobae.
Mañana habrá una gran movilización, no sólo de jubilados sino también de docentes, con la presencia de columnas sindicales y hasta del gobernador bonaerense
Axel Kicillof.
Por ahora la única cosa confirmada es que habrá quórum y se alcanzarán los 129 diputados para comenzar la sesión. De no poder avanzar con el veto, desde el Ejecutivo podría buscar seguir con un veto parcial. Algo que se analiza desde el radicalismo como una formas de asegurar el artículo que recompone el 8% perdido en el empalme de las leyes jubilatorias y la asistencia a las cajas provinciales, y se acompañe el veto en los artículos de mayor impacto fiscal: el pago de los juicios y un aumento anual que sea del 50% de la variación salarial, si es que los sueldos le ganan a la inflación. El problema sería que probablemente el resto de los bloques de la oposición no lo acompañarían y, como también hace falta los dos tercios, no tendría el número.
