La diputada nacional de la UCR Danya Tavela, presentó un proyecto de ley crucial en el Congreso. Este proyecto busca declarar la emergencia presupuestaria para los salarios tanto de docentes como de no docentes en el sistema universitario argentino. La iniciativa surge en respuesta a la preocupante falta de ajuste salarial que ha afectado gravemente a estos trabajadores.
En sus declaraciones, Tavela subrayó la urgencia de abordar esta cuestión, destacando que la falta de salarios dignos impacta directamente en la calidad educativa del país. Específicamente, el proyecto insta al Poder Ejecutivo a recompensar los salarios de acuerdo con la inflación acumulada desde el 1 de enero de 2024 hasta la promulgación de la ley. Además, propone actualizaciones mensuales conforme al índice oficial del INDEC hasta fin de año.
La diputada radical enfatizó las consecuencias negativas de esta situación no solo para los trabajadores universitarios, sino también para el desarrollo científico, la investigación y la extensión dentro del sistema educativo argentino. Advirtió que la disminución en la remuneración podría llevar a una fuga de talentos e investigadores, perjudicando aún más el progreso académico y científico del país.
Tavela presentó un proyecto de resolución que urge al Poder Ejecutivo a abordar de manera inmediata la situación salarial en las universidades nacionales. Este segundo proyecto refleja la preocupación y la necesidad de una respuesta rápida para garantizar condiciones laborales dignas y estables para todos los trabajadores del ámbito universitario.
El proyecto de ley y la resolución presentados por Tavela recibieron el respaldo de varios diputados radicales, incluyendo nombres destacados como Marcela Antola, Mario Barletta, Gabriela Brower de Konig, Carla Carrizo, Julio Cobos, Mariela Coletta, Marcela Coli, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Jorge Rizzoti, Natalia Sarapura y Martín Tetaz. Este apoyo bipartidista subraya la importancia y la urgencia de la situación salarial en las universidades, haciendo un llamado claro al gobierno para actuar de manera efectiva y asegurar un entorno propicio para la educación superior en Argentina.
