Llamativa pero no sorprendentemente para Comodoro Py,
la jueza federal Macarena Marra Giménez se expresó acerca de la controversia generada por el gobierno de Javier Milei y su decisión de postular a dos hombres para una Corte Suprema que desde diciembre estará integrada por otros tres hombres y avaló la nula perspectiva de género del Ejecutivo libertario.
La magistrada en cuestión, que encabeza el Juzgado en lo Contencioso Federal 12, rechazó un amparo del abogado constitucionalista
Andrés Gil Domínguez en el que cuestionó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar el máximo tribunal y reclamó ordenar al Poder Ejecutivo elevar una nueva propuesta que garantice la diversidad de género.
Para la jueza Giménez, no es procedente el amparo en que se solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad del acto que postuló a Lijo y a García Mansilla para integrar la Corte ni necesario que Milei eleve una nueva propuesta que garantice la diversidad de género.
“Desde 2005, el Estado Nacional desarrolló una conducta progresiva que garantizó la diversidad de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bajo ningún punto de vista fáctico o argumental es posible justificarse una regresión estatal en lo atinente a la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentando imponer una integración compuesta exclusivamente por hombres", se sostenía en la demanda que había sido promovida por el abogado Gil Domínguez.
Para la magistrada que avala la mirada del Gobierno, el máximo tribunal ha advertido que la invocación de la aptitud de
“ciudadano/a” sin la demostración de "un perjuicio concreto es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma o acto de gobierno”.
La Fundación Mujeres x Mujeres había adherido al amparo y solicitado ser tenida como co-actora. Por supuesto, la jueza Giménez consideró que “la representación del colectivo de mujeres que invoca y su objeto estatutario con especial foco en la no discriminación por razones de género resultan de un grado tal de generalidad, que no se advierte que la Fundación posea en este caso representación con la suficiente especialidad que el cuestionamiento requiere”.
“La acción deducida no puede prosperar, por cuanto no se advierte la presencia de un caso contencioso, ya que -de conformidad con la reseña efectuada- las condiciones que invocan los actores no resultan aptas para autorizar la intervención de la Magistratura en el control que proponen”, argumentó.
Por último, sostuvo: “Por lo demás, expedirse sobre la propuesta de los dos candidatos para cubrir las vacantes del Máximo Tribunal formulada por el Poder Ejecutivo Nacional sin el marco de una adecuada causa que habilite el control judicial importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro Poder del Estado, en un evidente exceso de la función jurisdiccional”.
