El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha sido acusado por el cobro de beneficios estatales, en aparente contradicción con su postura crítica hacia el asistencialismo del Estado. Según una investigación llevada a cabo por El Cohete a la Luna, se alegó que Adorni habría hecho uso de distintos recursos del Estado, incluyendo el cobro de Asignaciones Universales por Hijo (AUH), la obtención de un crédito subsidiado del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), y haberse beneficiado de un juicio laboral.
Respecto a las asignaciones familiares, Adorni y su esposa habrían recibido beneficios correspondientes a los meses anteriores a su designación como vocero, cuando aún no tenía empleo registrado. Sin embargo, Adorni ha negado rotundamente estas acusaciones, afirmando: "No cobro AUH ni yo, ni mi mujer, ni nadie".
La información proporcionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) arrojó que, si bien existían registros de asignaciones familiares, estas no correspondían a la AUH, sino a asignaciones familiares irrenunciables, como señaló la doctora Graciana Peñafort.
En relación con el crédito del IVC, se informó que Adorni tramitó una línea de crédito a nombre de su esposa con condiciones favorables. Este hecho ha sido criticado debido a la posición anti-asistencialista del vocero, quien ha cuestionado reiteradamente al Estado benefactor.
Además, se ha destacado un episodio anterior en la vida laboral de Adorni, relacionado con un juicio que inició contra un antiguo empleador. Este juicio, que involucraba a empresas automotrices, resultó en un acuerdo favorable para Adorni en 2017.
La ironía se presenta en el contexto de que este juicio se tramitó en la misma Cámara Nacional del Trabajo que recientemente se pronunció en contra de ciertas disposiciones laborales impulsadas por el Gobierno. Adorni, en su rol de vocero, ha expresado su desacuerdo con este fallo y ha anunciado la intención del Gobierno de apelar.
