Una consecuencia de los primeros anuncios del Gobierno en el PJ fue el recrudecimiento de la fractura entre la CGT y el kirchnerismo.
De hecho, la decisión de la central obrera de sólo marchar este miércoles contra el DNU de Javier Milei y al mismo tiempo dilatar la definición sobre un paro nacional tuvo entre sus razones principales la de forzar antes una respuesta política por parte del peronismo, en particular de la dirigencia más cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Así se explica que la reunión plenaria de la semana pasada alumbrara esa medida como primera respuesta sindical sin avanzar hacia un escenario de mayor confrontación con absoluto consenso interno.
El encuentro del jueves en la
Unión Obrera de la Construcción (Uocra) giró principalmente alrededor de la preocupación generalizada de los dirigentes por los primeros pasos de Milei, en particular la radical desestructuración de la legislación laboral contenida en la norma que desarma de plano mecanismos de protección a trabajadores, negociación, derecho de huelga e indemnización, entre otros puntos. Pero también hubo margen para poner en común opiniones sobre las responsabilidades en el resultado electoral.
Este último punto tuvo como disparador en el debate la reunión que había mantenido la "mesa chica" de la central obrera con el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados ese mismo día más temprano. Tras esa conversación cundió la alarma entre los sindicalistas: en la Uocra les transmitieron a sus colegas que la mayor bancada opositora parecía carecer por completo de una estrategia para poner freno al DNU libertario y responsabilizaban sobre todo a Máximo Kirchner.
Si la relación entre la CGT y el kirchnerismo históricamente fue fría y signada por la desconfianza mutua y la campaña apenas pudo disimularlo, la derrota peronista en las elecciones no hizo más que agudizar esas características.
De hecho la central obrera debió colarse por su cuenta en la campaña en base a su relación histórica con Sergio Massa y con los gobernadores, luego de que Cristina Kirchner fuese una vez más la última decisora de las candidaturas y eligiera de ese sector al mecánico Mario Manrique para ocupar una banca en Diputados, sin involucramiento de sectores más influyentes como los "gordos" de los grandes gremios de servicios o los "independientes" de buen diálogo con todos los gobiernos.
Así, el cónclave de la tarde del jueves se desarrolló bajo la premisa de encontrar un camino legal efectivo que obstaculizara o frenara definitivamente el decretazo y convocar para el 28 a una reunión del Comité Central Confederal (CCC), máximo órgano deliberativo y ejecutivo de la central sindical, para recién ahí comenzar la cuenta regresiva hacia una posible huelga general que como adelantó este medio está prevista para no antes de febrero.
En tanto, pondrá parte de su estructura en juego para la marcha de este miércoles a Tribunales que contará con la adhesión de las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Héctor Daer dijo este fin de semana en
AM 750 que la movilización será "masiva" y se burló del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: "será difícil ir por la vereda".
Entre los más molestos con la actitud del PJ en general y de La Cámpora en particular está Gerardo Martínez:
"en el arco político la responsabilidad de frenar el decreto es del Parlamento, no de la CGT. El que debe poner el acento sobre sus diputados y senadores es el kirchnerismo, nosotros tenemos apenas un legislador y lo puso Máximo Kirchner. Hay que salir del relato editorial que dice que todo depende de la CGT. Nosotros analizaremos de manera cautelosa y responsable en virtud de la temperatura que vayan tomando los trabajadores y la clase media con las consecuencias económicas de este escenario", respondió cuando este diario le consultó sobre los próximos pasos de la central.
ACERCAMIENTO FALLIDO
En paralelo, La Libertad Avanza tropezó en sus primeros acercamientos al sindicalismo tradicional. Luego de un período de campaña y primeros días de gestión con Guillermo Francos, ministro del Interior como único interlocutor autorizado por Milei, el oficialismo confirmó a Omar Yasín como secretario de Trabajo y le abrió la agenda. El funcionario mantuvo reuniones con dos de los sellos internos de la CGT, el de gremios de la energía (CathedaI) y el de transportistas (CATT) que resultaron en meras formalidades.
En cambio, luego del anuncio de la marcha de CGT el equipo de Trabajo -con participación de Horacio Pitrau, subsecretario designado y con paso por el área en el gobierno de Mauricio Macri- intentó abrir otros canales de diálogo.
Su primera opción fue la versión de las 62 Organizaciones Peronistas que encabeza el taxista José Ibarra, un núcleo de gremios que fue muy cercano a Macri y que llegó a viajar a Europa para acompañar a Jorge Triaca.
El intento de montar una mesa con varios gremialistas y funcionarios de la nueva gestión sin embargo fue trunco. Por consejo de los más experimentados, el sello declinó regalarles a los responsables de Trabajo una foto de concordia en la previa de la marcha y con el DNU flexibilizador como telón de fondo.
