La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento del exministro de Justicia Germán Garavano y el resto de los acusados en la causa que investiga delitos en el marco de la inclusión y permanencia de Alejandro Vandenbroele, testigo central del "Caso Ciccone", en el
Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
El fallo lleva la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, quienes tuvieron por desistido el recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, según surge de la resolución de dos páginas a la que accedió Télam.
El caso había llegado a revisión del máximo tribunal por una apelación formulada por el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe, y ya en Casación el fiscal ante ese tribunal Raúl Pleé "desistió del recurso oportunamente interpuesto por su antecesor", según surge del fallo.
Garavano, el titular del Programa de Protección de Testigos de su gestión, Francisco Lagos y el propio Vandenbroele habían sido sobreseídos por el juez federal Julián Ercolini en un fallo que luego fue confirmado por la Cámara Federal porteña con un fallo firmado por los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.
La fiscal que intervino en la causa, Paloma Ochoa, fue la primera en apelar los sobreseimientos y su posición fue sostenida ante la Cámara Federal porteña por Agüero Iturbe y luego desistida en Casación por Pleé.
La causa se inició luego de que trascendiera a través de medios de comunicación que se habían detectado posibles irregularidades vinculadas al legajo de inclusión de Vandenbroele -quien declaró contra el exvicepresidente Amado Boudou en el
caso Ciccone- en el programa protectorio.
Una vez incluido en el programa, Vandenbroele accedió a financiamiento para un proyecto hotelero en Mendoza conocido como "La Masía" y apoyo para regularizar su situación ante la AFIP.
Del expediente surge, además, que en reiteradas oportunidades el imputado protegido Vandenbroele incurrió en conductas violatorias de las medidas de seguridad del programa protectorio y que aún así no se lo excluyó; y que recibió financiamiento por dos años y tres meses cuando la ley establece un plazo máximo de seis meses.
Cuando opinó en contra de los sobreseimientos, el fiscal Agüero Iturbe expresó que esa decisión produjo sin la debida valoración de elementos probatorios que constan en el expediente y denotarían la "presencia de actos de corrupción".
