Por primera vez en 30 años, El ENRE elevará al Congreso un informe técnico para que evalúe la posible caducidad de la concesión de la empresa Edesur. Así,
el Gobierno busca asegurarse el camino los avales políticos para enfrentar una posible lucha legal con una compañía que ayer dejó a alrededor de 150 mil usuarios del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin luz.
La Secretaría de Energía instruyó al ENRE a realizar un informe de desempeño de la empresa para evaluar sus reiterados incumplimientos y conductas para con los usuarios, y la "correspondiente evaluación de los actos a seguir". Sería el primer paso de una posible quita de concesión.
"La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios en la reposición del servicio, i
ncumplimientos estos que más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión", reza el comunicado.
En 90 días, los legisladores debatirán por la viabilidad de iniciar un proceso por parte del Ejecutivo para rescindir el contrato.
Mientras que del otro lado,
Enel -propietaria mayoritaria de Edesur- ya contrató a un estudio internacional de abogados para litigar ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en caso de que la quita de la concesión avance.
En su balance la empresa mostró puntos preocupantes que ayudarían a la recesión del contrato, entre ellos,
reducción de inversiones, multas por constantes cortes en el suministro, deudas millonarias con el Fisco y ganancias operativas revirtiendo pérdidas de ejercicios anteriores.
El último balance disponible, realizado en medio de un proceso anunciado de desinversión y retiro del país, la firma registró una ganancia acumulada de $5011 millones frente a una pérdida de 27.154 millones de igual lapso de 2019.
La italiana Enel detenta el 72% de las acciones de Edesur, mientras que el resto del paquete accionario está en manos de la firma holding Distrilec, propiedad de los grupos Reca, Escasany, Caputo y Bemberg.
Aunque la empresa asegura que la caída en sus ingresos deriva del congelamiento de tarifas, los problemas financieros responden a problemas propios de su mala administración.
Esta no es la primera vez que se realizan informes con la intención de recesión,
durante la pandemia se conformaron mesas técnicas tripartitas para elevar planes de trabajo y exigir la mejora del servicio a la empresa distribuidora con ejes claros.
Incluso el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, llegó a presentar formalmente un pedido de rescisión del contrato a Edesur. Sin embargo, nunca avanzó un pedido formal desde el ámbito nacional, hasta ahora.
“En el caso de las distribuidoras eléctricas, después de décadas de privatización, los resultados no se cumplieron. Están completamente desinvertidas”, había sostenido en conversación con El Destape Radio el gobernador bonaerense,
Axel Kicillof, donde señaló: “
El esquema de concesión no funcionó, me remito a los hechos”.
