La referente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para reclamar que aparten al fiscal Franco Picardi de la dirección de la investigación sobre el accionar de la mesa judicial del macrismo. De esta manera, se acopla a la solicitud que presentó el martes el exministro de Justicia Germán Garavano para que anulen el relevamiento sobre expresiones públicas de los funcionarios de Cambiemos que hizo la oficina de escuchas de la Corte.
El fiscal Picardi le pidió en junio de este año a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que hiciera un relevamiento sobre qué habían dicho públicamente funcionarios del macrismo sobre aquellos magistrados y aquellas magistradas que denuncian haber sufrido las presiones de la mesa judicial.
La oficina, que depende de la Corte, arrancó por el caso de la integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Ana Figueroa y de la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, y el pasado 3 de noviembre entregó un primer informe que daba cuenta, entre otras cosas, que Carrió reclamaba que los jueces metieran presa a la jefa de los fiscales.
El relevamiento de la DAJuDeCO despertó la ira de Carrió, quien se presentó ante el máximo tribunal para pedir que frenaran ese estudio. La Corte pidió un informe a la DAJuDeCO, que respondió que estaba cumpliendo con el pedido de un fiscal federal en el marco de una investigación penal.
Ante esto,
Carrió le pidió este miércoles a la jueza María Eugenia Capuchetti que corra a Picardi y que se haga cargo ella de la investigación. La dirigente de la Coalición Cívica sostiene que el relevamiento de la DAJuDeCO es una “especie de informe de inteligencia” y que atenta contra su derecho de expresarse libremente.
De todos modos, Carrió no ayudó demasiado a otros imputados en la causa porque no niega la existencia de una mesa judicial y solo alega que ella denunció al menos a dos de sus presuntos integrantes: el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el exministro de Justicia Garavano.
“Resulta evidente que pretender vincularme a una causa donde se investiga la presunta existencia de una ‘mesa judicial’, teniendo en cuenta mi trayectoria pública y política, y habiendo denunciado incluso penalmente a algunos de los presuntos integrantes de la misma, es un verdadero dislate”, escribió Carrió en el texto que presentó por derecho propio, es decir, sin abogado. “Que quede claro: no fui, no soy, ni seré parte de entramados corporativos, corruptos o reñidos con la ley. Por el contrario, luché, lucho y lucharé durante toda mi vida contra los mismos”, añadió.
Sobre el exministro de Justicia, pidió que se anule el informe por considerarlo un
“patrullaje de inteligencia en medios y redes que importa una persecución por razones ideológicas y una conducta lesiva a los derechos humanos”. Pero Garavano fue más allá: pidió que se destruya todo lo relevado y que se frene con la medida.
Como informó PáginaI12,
la DAJuDeCO trabajaba en un nuevo informe que diera cuenta de lo que sucedió durante el macrismo con tres jueces: el excamarista Eduardo Freiler, el camarista Eduardo Farah y el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien se volvió en un blanco para la administración Cambiemos especialmente después de que empezara a investigar la red de espionaje que tenía al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio como uno de sus nodos. Garavano pidió apartar --sin éxito-- a Ramos Padilla de la causa mientras estaba al frente del juzgado federal de Dolores.
La investigación también contempla lo sucedido con otros magistrados, especialmente aquellos del fuero laboral que fueron apuntados por el expresidente Mauricio Macri por fallos a favor de los trabajadores y no de la patronal. En la causa, de hecho, está presentado y es investigado el exministro de Trabajo Jorge Triaca.
Tras los planteos de Carrió y Garavano, Capuchetti tendrá que pedirle opinión a las partes y decidir cómo seguirá la causa que concentra a gran parte del plantel de funcionarios de Macri, al propio exmandatario y a asesores célebres como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo para la justicia argentina tras escaparse al Uruguay para no ser indagado por las presiones a los dueños del Grupo Indalo.
