Por si fueran pocos los problemas y escandalos judiciales que involucran a dirigentes del macrismo a nivel nacional, provincial y local,
en las últimas horas se conoció el descubrimiento y la detención de una banda criminal completa que se dedicaba al robo y al tráfico de petroleo de YPF por millones de dólares, organización por la que quedó imputado un concejal de Juntos por el Cambio de Lanús.
Según publicaron distintos medios y reveló el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina golpeó a una organización criminal, que estaría conformada por más de 20 personas dedicada a extraer petróleo de un oleoducto de la empresa estatal YPF, para luego refinarlo en una destilería clandestina de la localidad de Valentín Alsina y finalmente venderlo como combustible a estaciones de servicio tanto del mercado formal como el informal.
Para lograr esas detenciones, en las últimas horas se realizaron 39 allanamientos en distintas zonas del conurbano bonaerense y del interior del país. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, a pedido de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Cecilia Incardona, quien lideró la investigación que comenzó hacia fines de 2019. Son los mismos funcionarios judiciales que se hicieron famosos en los últimos meses por la investigación acerca del espionaje ilegal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.
Los operativos dieron como resultado 21 detenciones y el secuestro de una importante cantidad de dinero en distintas monedas, además de camiones, autos, herramientas para la extracción del crudo, productos químicos, armas y elementos de comunicación.
No obstante, lo más trascendetal del hecho es que uno de los imputados, auque no detenido aún, es Alberto Torres, concejal de Juntos por el Cambio de Lanús.
Torres es empresario e integrante del Movimiento Peronista Bonaerense (Mopebo), que desde 2015 acompaña al espacio de Juntos por el Cambio que en Lanús comanda Néstor Grindetti. Fue funcionario del ex intendente Manuel Quindimil, después se sumó al Frente Renovador y en 2015 desde su bloque es macrista. Desde 2017, cuando renovó su banca, se desempeña como concejal por el oficialismo del distrito.
Según TN, en el municipio que gobierna Grindetti dicen, para defenderlo, que Torres “es curtiembrero y vive en el mismo predio en el que tiene la curtiduría”. Sin embargo, fuentes policiales informaron que encontraron una curtiembre no habilitada en el fondo de su casa.
Según pudo confirmar este medio, Torres, dirigente territorialmente famoso en la política de Lanús, fue allanado en su domicilio legal, en Valentín Alsina, el martes. El operativo fue realizado por la Policía Federal, bajo órdenes de Incardona. Por la gravedad de los hechos que se le imputan fue demorado y es probable que, si no fuera por sus más de 70 años de edad, hubiera sido apresado como el resto de los involucrados. Mientras otros de los imputados son indagados hoy, jueves, en el caso del edil las explicaciones ante la Justicia serían realizadas en las próximas horas.
Para la fiscal Incardona, Torres era el generador de la cobertura municipal para una refinería ubicada entre Valentín Alsina, localidad lanusense, y Nueva Pompeya, barrio de la Ciudad. En ese lugar cumplía la función de tratar el petróleo un ex compañero de militancia de Torres. Antes de que esos hidrocarburos llegaran allí, otros integrantes de la banda lo robaban del oleoducto de YPF que va desde Neuquén hasta La Plata, pasando por Bahía Blanca.
Concretamente, Gerardo Rodríguez, el ex colaborador de Torres, estaba a cargo de esa refinería ubicada en las calles Remedios de Escalada y Carlos Pellegrini. En ese lugar, el rol era clave para la banda criminal: se destilaba el petróleo y se lo mezclaba con otros combustibles, con el propósito -conocido en la jerga de quienes realizan estos delitos- de abaratar costos y acrecentar las ganancias a la hora de la comercialización. El amigo del concejal también se deshacía de los desechos, arrojándolos al Riachuelo -otro delito-.
El rol del concejal Torres, que trabaja en el espacio del intendente PRO de Lanús Grindetti desde 2015, era hacer todo lo necesario para que la Municipalidad de Lanús no ordene controles en el establecimiento clandestino. Limpiaba la zona, se dice. Al menos así lo piensan Augé e Incardona.
Según publicó Infobae, más allá de la base central en Lanús, la banda se extendería al menos a cuatro provincias. Se calcula inicialmente que las ganancias que habrían obtenido, según se desprende de movimientos financieros, sería de al menos USD 5 millones anuales.
Sin embargo, recién ahora, después de 39 allanamientos, podrán empezar a analizarse cuáles fueron las pérdidas para YPF y cuáles los réditos para la banda. De hecho, en los operativos del martes participó personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para identificar documentos que puedan servir para investigar una posible evasión tributaria.
En los allanamientos se secuestraron más de 17 millones de pesos. Cerca de diez millones se encontraban en poder de una persona sindicada como el financista de la banda, explicaron fuentes del caso. Se secuestraron además armas, siete camiones y seis cisternas, que son piezas claves para el transporte del petróleo.
TORRES DICE QUE NO TIENE NADA QUE VER
El concejal macrista hizo su descargo en sus redes sociales para desmentir que haya sido detenido y dijo que el resultado del allanamiento fue negativo, dado que no se encontraron en su casa elementos que lo vinculen con la banda. En la Municipalidad de Lanús avalan su versión. “Se verá cuando avance la investigación”, explicaron a P12 y dijeron que desconocían la versión sobre la posible influencia de Torres para que el Municipio limpiara la zona para los delitos.
Además, Torres dice que había dejado de militar con Rodríguez en 2015. Sin embargo, en la causa habría pruebas de que el trato entre ambos era frecuente y de confianza. Rodríguez tenía, además, vínculo con otra persona, Héctor Pizarro, quien sería el que le aportaba información sobre las fuerzas de seguridad y le habría advertido que estaba siendo investigado. Hasta ahora no aparecen otros vínculos con uniformados. En el pasado, el robo de petróleo solía ser una debilidad que tenían militares carapintadas.
