Una
gran parte del Gabinete del gobierno de Cambiemos está cada vez más complicado en la causa en que se investiga lo que se dio en llamar "mesa judicial de Mauricio Macri", o un amplio grupo de ex funcionarios que presuntamente presionaban a integrantes de la Justicia, direccionaban expedientes y hasta hacían uso del espionaje ilegal.
En este caso,
un camarista del fuero laboral afirmó que durante el gobierno de Macri hubo un "evidente embate" contra la "independencia de la justicia nacional del trabajo" que generó un "ambiente hostil a su libre desempeño".
La declaración formal fue del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Luis Raffaghelli, quien presentó un escrito en el que respondió preguntas remitidas por el fiscal federal
Ramiro González, a cargo de la investigación que tiene en su poder el juez
Sebastián Ramos, informaron a Télam fuentes judiciales.
El expediente que tienen Ramos y González refiere a supuestas presiones del macrismo a jueces, abierto a raíz de dichos periodísticos de la jueza de la Cámara Federal de Casación
Ana María Figueroa, a los que luego se sumaron los de Raffaghelli y otros magistrados. Entre las medidas de prueba que ordenó estuvo la convocatoria como testigo del camarista del fuero laboral, quien hizo uso de su derecho a responder por escrito.
Entre otros episodios, el magistrado aludió a una visita protocolar en marzo de 2016 del entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a la Cámara laboral, en el marco de la cual uno de sus funcionarios acompañantes
"planteó la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica".
"Se produjo un profundo silencio, que fue superado por el presidente del Cuerpo pasando a otro tema", refirió Raffaghelli, y agregó que
"nadie contestó la inusitada sugerencia del funcionario; el silencio y la sorpresa fueron la respuesta ante tan improcedente petición".
Según precisó Raffaghelli, "a este episodio le siguió un evidente embate contra la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando su cenit con las denuncias infundadas a seis jueces y juezas, que fueron rechazadas totalmente por el Consejo de la Magistratura de la Nación".
La referencia mencionada fue a que el gobierno de Macri denunció “a seis jueces nacionales del trabajo (Enrique Arias Gibert- dos veces- Graciela Marino, Diana Cañal, el propio Raffaghelli, Néstor Rodríguez Brunengo y Mirta González Burbridge) pidiendo su destitución”. Y “además, vilipendió públicamente a otrai ntachable jueza, la Dra. Dora Eva Temis, por un pronunciamiento cautelar en contra del Gobierno”, agregó.
Raffaghelli, que integra la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), contó que si bien no se articuló una denuncia en contra de Dora Temis en el Consejo de la Magistratura, “se la denostó públicamente por sus ‘antecedentes kirchneristas’ por haberse pronunciado a favor de la aplicación de la Ley de Paritaria Nacional Docente”.
"El ex Presidente nos acusó, también públicamente, de integrar la mafia laboral y ser parte de la industria del juicio", agregó. El camarista describió un acto que se desarrolló en el Colegio de Abogados de la calle Montevideo en el que
“Macri tenía una nota con un listado de jueces y mencionó a los dos primeros: Arias Gibert y Marino, calificándolos como malos jueces laborales y culpables de poner en riesgo a las empresas. Evidentemente, este proceder fue muy amedrentador para todo el fuero”, indicó en su testimonial. “Quien se animara a revocar una resolución administrativa o a cuestionar la legislación impulsada por el Gobierno, podía suponer cuál era su destino y futuro”, añadió.
Entre las causas por las cuales recibieron "presión del gobierno" el magistrado mencionó la "reincorporación de trabajadores despedidos de la Agencia Estatal Télam", ordenada a través de medidas cautelares. "En el último período del gobierno fue una en las que se tornó más evidente la presión del gobierno para incidir en las decisiones judiciales", sostuvo el juez.
Raffaghelli también mencionó la causa judicial por el despido de trabajadores contratados del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la que se dictó una medida cautelar que ordenó reincorporaciones, y aludió además a otro expediente en el que hubo presiones, vinculado a la decisión de anular un convenio firmado el 13 de mayo de 2016 "entre el Ministerio de Trabajo y la empresa Arcos Dorados Argentina SA (McDonalds) por considerar que ponía en riesgo los derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, indicando la sentencia, la necesidad de introducir cláusulas de garantías y protección del trabajo"
"El convenio propiciaba la contratación de hasta cinco mil jóvenes con remuneraciones inferiores al salario mínimo vital y móvil", recordó el camarista en el escrito entregado a la justicia federal.
