A los problemas por las acusaciones de la oposición y la mezcla entre quienes le soltaron la mano y aquellos que lo defendieron en el propio Gobierno,
ahora al subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, se le sumaron los problemas judiciales, ya que fue denunciado penalmente por no declarar una cuenta bancaria de USD 1.200.000 que tenía en el paraíso fiscal de Andorra.
La denuncia fue presentada por el diputado del Frente para la Victoria
Rodolfo Tailhade, quien
pidió investigar al funcionario por los delitos de lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de declaración jurada de un funcionario público.
El caso quedó a cargo del polémico juez federal
Claudio Bonadio y de la fiscal
Alejandra Mangano, según informó Infobae. El primer paso estará a cargo de la Fiscalía, que deberá decidir si abre formalmente una causa judicial para investigar a Díaz Gilligan.
"Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País. Asimismo,
no podemos soslayar que en su "defensa" el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra. Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios solo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave", explicó Tailhade en la denuncia penal.
Sobre la omisión, Tailhade dijo que como funcionario Díaz Gilligan tenía la
"obligación de presentar declaraciones juradas" ya que así lo establece la ley de ética pública.
"Evidentemente, el subsecretario Gilligan omitió intencional y maliciosamente brindar información sobre su real situación patrimonial con el claro objetivo de sustraerse de todo tipo de control por parte de los organismos públicos y de la sociedad en general", sentenció el diputado nacional.
El diario El País de España reveló el viernes pasado que Díaz Gilligan abrió en 2012 una cuenta en Andorra –donde regía el secreto bancario– a nombre de la sociedad "Line Action", una empresa de Gran Bretaña dedicada a la intermediación de jugadores, de la que fue representante y accionista.
Díaz Gilligan fue funcionario del área de turismo del gobierno porteño cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, pero no declaró esa cuenta en su declaración jurada. El funcionario se desvinculó de la empresa en diciembre de 2014.
La defensa pública de Díaz Gilligan fue que se trató de una empresa propiedad del uruguayo y representante de jugadores de fútbol Francisco "Paco" Casal, que tenía problemas legales con el fisco para tenerla a su nombre, por lo que lo hizo como un favor. También que la empresa no le dio dividendos y que no la declaró porque había tomado la decisión de dejar la compañía, pero se demoró la instrumentación.
