Diversas organizaciones de Derechos Humanos entre las que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano, entre otras, publicaron un comunicado titulado
"Una Corte para la democracia: grave retroceso institucional", en el que se expresan las fuertes críticas a la decisión tomada por el flamante presidente Mauricio Macri.
"Representa un avance indebido del poder ejecutivo en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema; contraría los principios definidos por la Corte Suprema de Justicia en los últimos fallos para asegurar la estabilidad e imparcialidad de los jueces; y constituye un grave retroceso en los mecanismos de participación popular para la evaluación de los candidatos", explica el texto.
Asimismo, se argumenta que los jueces designados "no contarán con las garantías constitucionales mínimas para ejercer su trascendental rol".
"Esta precaria situación les impide ejercer su rol con imparcialidad, afecta la división de poderes, y los hace pasibles de presiones de los demás poderes del Estado", manifiesta.
Por otro lado, recupera un documento sobre el tema en en que se hace hincapié en
"reformular el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundamentalmente a través de la autolimitación del Presidente de la Nación en el proceso de nominación de candidatos/as a Juez/a de la Corte y en la fijación de criterios de selección".
"Consideramos esperable que, en este contexto, los candidatos propuestos rechacen la designación para ocupar dichos cargos. Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo Nacional a que reconsidere su decisión de realizar nombramientos de jueces de la Corte Suprema en comisión, y a que cumpla con el procedimiento regular de nominación. Por último, solicitamos al Congreso de la Nación que sancione una Ley Nacional que recoja los principios y directrices de dicho decreto", concluye el comunicado firmado por la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Fundación Poder Ciudadano y Unión de Usuarios y Consumidores.
