El gobierno de Milei sigue con su política negacionista al impedir el pago de sueldos en la ex ESMA

El gobierno nacional continúa con su ofensiva contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, esta vez apuntando contra uno de los lugares más emblemáticos de la historia reciente del país: la ex ESMA, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención durante la dictadura. Con la excusa de una auditoría, el Ministerio de Justicia ha decidido frenar las transferencias de dinero al Ente Espacio para la Memoria, lo que ha provocado una crisis financiera que ha paralizado las actividades del predio y ha dejado a los trabajadores sin sus salarios.

El Ministerio de Justicia, encabezado por el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, solicitó la auditoría a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), lo que ha resultado en una medida que suspende el pago de sueldos a los 180 trabajadores del Ente. El congelamiento de las transferencias impide la continuidad de actividades esenciales en el predio de 17 hectáreas, que incluye el mantenimiento de los edificios, la seguridad, las visitas guiadas y los programas educativos. La medida, que entra en vigor a partir del 1 de abril, se basa en un supuesto análisis jurídico y contable, pero es considerada ilegal, ya que las transferencias al Ente están garantizadas por la Ley 26.415, que asigna fondos específicos del Tesoro Nacional.

Desde el sindicato ATE, que agrupa a los trabajadores del Ente, se ha calificado esta decisión como un "ataque directo a las políticas de derechos humanos". Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, criticó duramente la medida y denunció que el gobierno busca desactivar el funcionamiento de la ex ESMA. En respuesta, los trabajadores han convocado a un paro con guardias mínimas para asegurar que el lugar siga funcionando, y han enviado una carta documento exigiendo el pago completo de los salarios.

La ex ESMA, que fue recuperada por el Estado en 2004 para ser transformada en un espacio de memoria, se encuentra protegida por la UNESCO desde 2023, gracias a su declaración como Patrimonio Mundial. Este predio, que alberga varios organismos de derechos humanos y el Museo Sitio de Memoria, ha sido un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia. La reciente medida del gobierno recuerda los intentos previos de despojar al lugar de su significado histórico, como ocurrió en 1998, cuando el gobierno de Carlos Menem intentó demolerlo para construir un espacio de “reconciliación”. Sin embargo, la resistencia de los organismos de derechos humanos logró impedirlo.

Este nuevo conflicto pone en evidencia una vez más la tensión entre el gobierno y los sectores que defienden la memoria histórica de la dictadura. Con la llegada de la auditoría y el congelamiento de fondos, el futuro de la ex ESMA y sus actividades se encuentra ahora en riesgo, lo que genera una creciente preocupación entre los trabajadores y los defensores de los derechos humanos.

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