La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó de forma unánime iniciar una acción penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, así como contra siete de sus exfuncionarios, tras evidencias contundentes que los vinculan con un intento de golpe de Estado ocurrido en 2022. El STF, compuesto por los magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, determinó que existen indicios suficientes para que el proceso continúe. Los acusados enfrentarán cargos que podrían resultar en penas de prisión.
Según la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), Bolsonaro habría liderado un plan golpista, atacando la credibilidad del sistema electoral y redactando un documento con el objetivo de justificar un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de octubre de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En su intervención, Moraes afirmó que las pruebas obtenidas son lo suficientemente claras para respaldar la apertura de este proceso penal.
Los delitos que se imputan a los acusados incluyen la abolición violenta del estado de derecho, intento de golpe de Estado, organización criminal armada, daño calificado contra el patrimonio público y deterioro del patrimonio. Las penas para estos cargos varían entre los 4 y los 17 años de prisión, dependiendo del delito en cuestión. Los acusados, además de Bolsonaro, incluyen a varios de sus excolaboradores cercanos, como Walter Braga Netto, Augusto Heleno, y Anderson Torres, entre otros.
A partir de ahora, el STF llevará a cabo una serie de pasos procesales, que incluyen la escucha de testigos de la defensa, la realización de una investigación adicional y la posible incorporación de nuevas pruebas al expediente. Una vez finalizadas estas diligencias, el tribunal abrirá un plazo para los alegatos finales, antes de emitir su decisión sobre la absolución o condena de los acusados.