El Partido Obrero (PO) ratificó hoy su denuncia contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por lo que consideran un “megaoperativo de represión y amedrentamiento” durante las marchas de los jubilados. Los dirigentes Gabriel Solano, Vanina Biasi, Néstor Pitrola y Romina del Plá se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para sostener su acusación, que apunta directamente a la funcionaria por las intervenciones policiales ocurridas el 12 y 19 de marzo, en el marco de las protestas convocadas por los jubilados en el Congreso.
Gabriel Solano, legislador porteño y uno de los principales referentes del PO, explicó:
"Vinimos a Comodoro Py a ratificar la denuncia contra Patricia Bullrich. Junto a Vanina Biasi, Néstor Pitrola y la abogada Liliana Alaniz denunciamos a la ministra por amedrentamiento y coacción contra las movilizaciones en apoyo a los jubilados convocados para el 12 y 19 de marzo en el Congreso. Movilizarse no es un delito". Solano no dudó en calificar el accionar de Bullrich como un intento de coartar el derecho a la protesta, un derecho fundamental que el Partido Obrero considera amenazado por la ministra.
Los dirigentes del PO también señalaron la grave situación de los jubilados, que se ven afectados por políticas de ajuste. En este sentido, afirmaron: “La situación de las y los jubilados es apremiante ya que 5.000.000 de jubilados cobran menos de $500.000 por mes. A su vez el PAMI restringió el acceso a medicamentos y, como si esto fuese poco, sigue sin concretarse la moratoria jubilatoria para quienes ni siquiera pueden acceder a la irrisoria jubilación mínima”. El partido denunció que, además de los recortes en las prestaciones, las fuerzas de seguridad agredieron y lesionaron a jubilados durante las manifestaciones, lo que ha generado una creciente solidaridad social hacia las movilizaciones.
El PO también destacó la contundente actuación de las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Bullrich, acusando a la ministra de haber dispuesto un operativo que no solo restringió la circulación de vehículos, sino que también intimidó a los transeúntes debido a la presencia de efectivos “fuertemente armados”.
“La ministra de Seguridad ha dictado las resoluciones y/o dado las órdenes narradas en los hechos objeto de la presente denuncia, a sabiendas y con intención de que se ejecuten aun siendo contrarias a la Constitución Nacional y la normativa vigente”, concluyó el documento presentado ante la Justicia.