El Gobierno habilitó la exportación de chatarra al exterior, un mecanismo que estaba prohibido desde hace 16 años para proteger a la industria siderúrgica local.
Desde sus redes sociales, el ministro Federico Sturzenegger justificó la postura del Gobierno: “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos. Esta prohibición era nociva por varios motivos”.
De acuerdo a lo que planteó, la imposibilidad de exportar deprimía el precio local de los deshechos y desincentivaba las tareas de reciclaje. “Era nociva sobre todo porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior, no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, añadió.
Y planteó que las restricciones beneficiaban “a los procesadores de dicha chatarra”, pero no así a quienes la producen.
“La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Pero como en la Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (de Cristina); 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (de Macri); y 1040/20 y 70/23 (de Alberto). La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad por sobre el lobby”, sentenció.
En enero de 2009, durante la primera administración de Cristina Kirchner, se había dictado una serie de medidas que impedían la venta al extranjero para consumo de desperdicios y desechos de metales ferrosos, por un lapso de 180 días. Después, la decisión se prorrogó en el Boletín Oficial durante el macrismo y la gestión de Alberto Fernández.
Las últimas prórrogas de las prohibiciones se hicieron durante el paso de Alberto Fernández por la Casa Rosada. En 2020, con el Decreto 1040, la administración nacional suspendió la exportación basada en que, para la elaboración de acero, la industria siderúrgica utiliza desperdicios y desechos de hierro y acero como insumo, junto con el mineral de hierro, y en que por razones estructurales la Argentina carece de un “abastecimiento fluido” de chatarra de esos materiales, por lo que ese sector veía “afectado el aprovisionamiento” para sus tareas con las ventas al exterior habilitadas.
Asimismo, con la misma argumentación y a través del Decreto 70 del año 2023, Fernández determinó que hasta el 31 de diciembre de 2024 no podían enviarse al exterior 13 clasificaciones de productos en las que se encuadraban desechos, desperdicios y recortes de cobre, aluminio, diversos plásticos y metales, como acero inoxidable.
