La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión. La investigación gira en torno a la gestión de los fondos de los planes sociales, particularmente en relación con el programa "Potenciar Trabajo". Así, el dirigente queda en condiciones de ser enviado a juicio oral por estos cargos, que involucran la desvío de fondos públicos y la coacción sobre los beneficiarios del programa.
El Tribunal, compuesto por los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazó las apelaciones presentadas por Belliboni y otros 14 acusados, considerándolas "inadmisibles" debido a aspectos formales, como la falta de fundamentación de una "cuestión federal". De esta manera, la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien había procesado a Belliboni en agosto de 2024, quedó firme. Además, la Cámara Federal agravó la situación procesal del dirigente y de María Dotti, otra referente del Polo Obrero, al incluir en sus cargos los delitos de "amenazas coactivas" y "extorsión" hacia los beneficiarios de los planes sociales.
Según la resolución judicial, Belliboni y los demás procesados habrían desviado fondos públicos asignados al Polo Obrero y a la organización "El Resplandor" mediante convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social. Estos fondos, que debían ser destinados a la asistencia social, habrían sido utilizados en actividades políticas partidarias. Además, se les acusa de imponer exigencias ilegales a los beneficiarios, como la obligación de participar en piquetes y marchas, bajo la amenaza de perder las ayudas sociales si no cumplían.
Con el fallo de Casación, se ratifica la existencia de pruebas que demuestran el desvío de los recursos y la utilización indebida de los fondos públicos para fines ajenos a los objetivos del programa. La acusación señala que el uso de estos recursos habría tenido como fin obtener un beneficio particular, en detrimento de los fines sociales del programa "Potenciar Trabajo". Ahora, el expediente quedará en manos del juez Casanello, quien inició los trámites para llevar a cabo el juicio oral, mientras se siguen evaluando las implicancias de esta causa.
