El Gobierno decidió no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, que prohibían la venta de deshechos metálicos al exterior desde el 2009. La medida fue anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
A través de su cuenta de X, el ministro destacó: “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello
ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23)
por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, exhibió.
“Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque
prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)", consideró.
Luego, explicó: "En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”.“Esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que
se perdían centenas de negocios de valorización de residuos", remarcó Sturzenegger.
"La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días, pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)”, recordó al concluir.
Lo cierto es que la normativa original, de julio de 2009, surgió con el objetivo de fortalecer la industria siderúrgica local que utiliza chatarra como insumo para la producción de acero. En su momento, el Gobierno de turno argumentó que la medida era necesaria debido a la falta de un abastecimiento fluido de estos materiales en el mercado interno, lo que afectaba la competitividad de las empresas locales.
Al respecto, señalaron que el objetivo era "mejorar no sólo la competitividad de las empresas metalúrgicas sino también la de todas aquellas industrias a lo largo de la cadena de valor que requieren de acero, cobre y/o aluminio para su producción".
