El juez federal Ariel Lijo ordenó la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, junto con otros 16 imputados. La resolución busca que estos altos funcionarios sean indagados en Argentina por su presunta responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, bajo el principio de justicia universal. Este fallo, emitido este lunes, marca un hito en la relación judicial entre ambos países, dado el carácter de la acusación.
En su resolución de 76 páginas, Lijo explicó que las acusaciones contra Ortega, Murillo y los demás imputados están vinculadas a un "plan sistemático y generalizado" de represión violenta contra la población civil de Nicaragua. La denuncia, que fue presentada por los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, describe un accionar violatorio de los derechos humanos, que incluye encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, persecución religiosa y política, y restricciones a la libertad de prensa. Según Lijo, este plan de represión fue ejecutado con la complicidad de las más altas autoridades del país centroamericano.
"Al respecto recuérdese que el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado", subrayó el juez en su resolución. Además, Lijo advirtió que las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas por las autoridades nicaragüenses, lo que intensifica el contexto de la acusación. La causa se inició en agosto del año pasado, después de que se presentaran pruebas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega.
Lijo también adelantó que, a partir de las pruebas presentadas por la fiscalía y la querella, se imputará a los acusados por implementar un "plan sistemático y generalizado de violenta represión", cuyo objetivo era "la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes". Este plan, que se remontaría a las protestas de 2018 en Nicaragua, también incluyó la censura mediática y la expulsión de opositores, entre otras medidas represivas. La orden de captura internacional marca un paso significativo en el juicio que podría tener repercusiones diplomáticas y jurídicas a nivel internacional.
