En marco de su declaración indagatoria por la Causa Seguros, el expresidente Alberto Fernández negó este miércoles haber cometido delitos y cuestionó la falta de imparcialidad del juez Julián Ercolini.
El ex jefe de Estado realizó una breve declaración, donde solo respondió preguntas de su abogada y no aceptó consultas del juzgado. La indagatoria está vinculada con el decreto 823 que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.
"Fue una declaración tensa al principio, propia del planteo de recusación que viene planteando el doctor Fernández con respecto al doctor Ercolini por lo tanto es casi lógico que haya sido tenso", reveló Mariana Barvitta, abogada del expresidente.
Para su abogada, Fernández siente que
"no está ante un juez imparcial" y que no le "garantiza seguridad y tranquilidad como debería". "Alberto Fernández nunca benefició a nadie porque el decreto impide las intermediaciones. El problema es que nadie leyó el decreto. Creemos que la indagatoria tiene que ver con un direccionamiento político", enfatizó la letrada en diálogo a la prensa, al culminar la declaración.
A los acusados se les imputa por "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”.
Sobre el decreto en cuestión, la abogada del ex presidente aseguró que "es
jurídicamente impecable" y que "está sostenido en el marco de una decisión administrativa" con el que "de ninguna manera" se benefició Fernández. "El objetivo del decreto estuvo relacionado a cortar la cartelización. La propuesta del decreto, que tuvo otros antecedentes, tenía que ver con limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior", agregó Barbita.
En su declaración, Fernández "explicó con certeza" desde su "rol técnico" de ex presidente "qué significan los procesos" relacionados a los seguros y advirtió que "de ninguna manera" el decreto habilitó intermediación. "El decreto no admite ningún tipo de administración.
No habla de intermediarios", añadió su abogada.
Fernández también dio detalles de su relación con otro de los imputados en la causa, el
bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, con quien admitió conocerse "hace muchos años", pero que eso "de ninguna manera puede impactar en algún favorecimiento" para el expresidente. "Martínez Sosa es alguien reconocido históricamente, no por este decreto, sino a nivel nacional y mundial por ser un bróker de seguros. Pensar que podría haber alguna connivencia es infundado, falso y arbitrario", señaló.
