La administración de Javier Milei llevó adelante la primera privatización de su gestión al vender las acciones estatales de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), una empresa clave en el desarrollo de energías renovables, hidráulica y nuclear. La operación, que marca el inicio de una política de reducción del rol estatal en la economía, fue impulsada por el Gobierno con un enfoque claramente liberal.
La firma estadounidense ARC Energy fue la única que presentó una oferta para adquirir IMPSA, lo que genera interrogantes sobre el destino de más de 700 trabajadores que dependen de la empresa. ARC Energy se comprometió a una capitalización mínima de 25 millones de dólares, requisito establecido en la licitación.
El proceso de venta culminó el jueves pasado, fecha límite para la presentación de propuestas, con IMPSA aún en manos del Estado nacional y la provincia de Mendoza. El capital social de la empresa estaba dividido en un 63,7% bajo el control del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y un 21,2% en manos de Mendoza. La operación fue posible gracias a la alianza entre La Libertad Avanza y el radicalismo mendocino, que impulsaron la desestatización de la compañía.
La intención de vender IMPSA ya había sido anticipada desde marzo, cuando el Ejecutivo nacional designó a Horacio Aldo Chighizola, exfuncionario de la gestión macrista, como gerente general. Chighizola fue uno de los primeros en expresar públicamente el deseo de privatización. En septiembre, el Senado de Mendoza dio un paso decisivo al aprobar una ley que autorizaba la cesión de las acciones provinciales. La gestión estatal se despidió de la empresa tras lograr una suba en la facturación de IMPSA, un objetivo que ahora queda en manos de capitales extranjeros.
