Prefectura y la policía bonaerense realizaron un operativo comando en un barrio privado de Tigre para increpar a productores cannábicos, los cuales tenían sus papeles en orden. Uno de los afectados cuenta cómo sucedió.
Alrededor de 21 productores registrados de semillas cannábicas se juntaron el pasado sábado 22 de junio en un barrio privado de Tigre a comer entre parejas y amigos, charlar y encontrarse, pero alrededor de las nueve de la noche un operativo comando de la policía bonaerense junto con el COT (Centro de Operaciones Tigre) y prefectura irrumpió la noche violentando a todos los presentes.
“Patean la puerta, no se identifican como policías, gritan ‘al piso’ y ‘arriba las manos’. No sabíamos ni qué hacer. Disparan al aire armas largas, nos apuntan a la cabeza con las mismas y con los revólver también”, cuenta Nicolás Quilaleo, uno de los afectados.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre, y con la política represiva de la ministra Patricia Bullrich, se generó una situación de persecución a los eventos cannábicos: “Dentro de lo que es ciberpatrullaje lo primero es estupefacientes y después viene pedofilia y violencia de genero”.
En este sentido, Piero Liebman, abogado de varios de los usuarios detenidos, aseguró: “Hay un envalentonamiento de las fuerzas en todo el país en estos casos, se manifiesta de manera muy expuesta ante dos situaciones: una es la búsqueda de cualquier cosa vinculada al cannabis en redes sociales o en páginas de internet y que eso motiva una investigación, y lo otro es la denuncia de vecinos que antes no escalaban y hoy sí, de manera muy fuerte”.
Nicolás continúa contando cómo se desarrolló el operativo en el que participaron “más de 30 efectivos que entraron a un salón con 21 personas que estaban por comer”. “Nos violentaron verbalmente como si fuéramos reales delincuentes, nos pusieron y apretaron las esposas, nos pateaban estando en el piso, se burlaban de una de las compañeras que tuvo un episodio de ansiedad, a un compañero que tiene una hernia no lo dejaban incorporarse”, aseguró.
La actividad que se estaba realizando era completamente legal y la cantidad de canabis que había no superaba lo establecido por persona según la reglamentación. Pero a los efectivos esto no les importó: “No nos preguntaron los datos, no nos preguntaron si teníamos reprocann, no nos pidieron mostrar las credenciales”. Todo esto surgió por un vecino que se encontraba en un salón contiguo y avisó a la seguridad del barrio, quienes llamaron a la comisaría.
Los 21 presentes estuvieron demorados en la Comisaría 1 del Tigre, “que no es nada más ni nada menos que un sitio de memoria, un ex centro clandestino de detención”. “Nos tuvieron dos horas con esposas, nos hicieron todo el proceso, nos pusieron en pelotas, nos revisaron, nos grabamos y nos metieron a 16 en una celda de dos metros cuadrados. Uno de los pibes se descompensó, lo tuvieron que atender ahí porque es hipertenso. Nos hacían orinar en un bidón de cinco litros con un agujero, no nos dejaban comunicarnos con nadie”.
Por su parte, Liebman expresó: “Lo que sufrieron el sábado es violencia institucional, sin constatar si había permiso para la actividad que estaban haciendo fueron totalmente maltratados, vulnerados, apresados, privados de su libertad, golpeados y todavía no hay una resolución de qué fue lo que pasó”.
Les secuestraron los celulares a todos en el momento, y aún no los recuperaron, después de haber ido el lunes a buscarlos como les indicaron. “Al día de hoy no figuramos ni imputados en ninguna causa. No encontraron ninguna prueba de nada, pero el fiscal Gonzáles se toma el tiempo que cree necesario y todo para realizar la causa. Los celulares no tienen pruebas, no estamos imputados, no hubo ningún delito y hay una causa abierta por el operativo que se inició a través de ese llamado al 911”, explicó Quilaleo.
Nicolás junto con otra de las afectadas, Beatriz, van a realizar la denuncia por la violencia institucional vivida: “No solamente a la fuerza policial por no tener ningún protocolo con respecto a reprocann, sino también a la Fiscalía por estar aún sin celular que es mi herramienta de trabajo y porque no hay comunicación y no sabemos si hay investigación”.
“Yo quiero recuperar mi celular, hacer las denuncias correspondientes y que toda la gente que actuó y actúa como el culo, tanto de la justicia como de las fuerzas de seguridad, sean sancionadas. Y fundamentalmente que se eleve y visibilizar este caso para que no le ocurra a nadie con o sin reprocann”, finalizó.
