El presupuesto destinado a políticas que ayudan a reducir la violencia y la desigualdad de género sufrió un recorte del 33%, superando al ajuste del presupuesto nacional total que alcanzó el 24%.
Así, la capacidad de las instituciones que brindan atención y protección a mujeres en situación de violencia se vio gravemente afectada durante los últimos seis meses y la tasa de femicidios se incrementó.
La intervención del Estado, cuando hablamos de violencia de género, en la mayoría de los casos tiene una importancia literalmente vital. La asistencia ante una denuncia, el apoyo económico para salir de la casa del agresor, y el acompañamiento integral, resultan claves para prevenir femicidios: el 59% de las víctimas contabilizadas en las estadísticas fueron asesinadas en sus casas.
En Argentina, la institucionalización de las políticas de género se lleva a cabo hace más de 30 años mediante consejos provinciales, subsecretarías, secretarías y direcciones. La creación del primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional permitió la implementación de 315 áreas de género y elevó la jerarquía de los organismos de cinco provincias superando un récord histórico de trabajo en la materia.
Durante los últimos seis meses, desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, se produjo un retroceso notorio en la estructura de estos organismos. Una de las primeras medidas del presidente fue eliminar el Ministerio de Mujeres. La reorganización de las estructuras degradó su jerarquía y redujo ampliamente sus funciones, creando la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.
El 24 de mayo, mediante el Decreto 450/2024, Milei trasladó la subsecretaría que asiste los casos de violencia de género al Ministerio de Justicia, y designó a Claudia Barcia como responsable. Mediante las vías de comunicación oficiales, anunciaron que el puesto sería ad-honorem. La información no es falsa, pero tampoco estuvo completa: Barcia era fiscal en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomó licencia. Solicitó un pase “en comisión” a la subsecretaría y mantiene su salario anterior. Ad-honorem… en parte.
La degradación de las políticas de género avanza de forma acelerada. De los 7 ministerios que existían, solo quedan 2: El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de Neuquén.
Lejos de proponer soluciones a una problemática estructural, a medio año de su creación, la subsecretaría impuesta por el gobierno nacional continúa sin estructura interna aprobada. Es decir, continúa sin llevar a cabo su desarrollo normal con las tareas que corresponden, como el diseño e implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias para el período 2024-2026 que estipula la ley nacional 26.485, entre otras tantas que resultan imprescindibles en este contexto.
El Programa Acompañar, que otorga apoyo para que las personas en situación de violencia tengan una autonomía económica que les permita romper el ciclo de violencia, se encuentra suspendido con una baja del 80% en su presupuesto de ejecución. Una situación similar ocurre con la Línea 144, que brinda asesoramiento integral de forma telefónica, y se encuentra en peligro funcionando con un bajo porcentaje de profesionales en línea.
Mientras los discursos de odio que avalan las violencias se vuelven moneda corriente, incluso siendo emitidos desde altas autoridades del gobierno nacional, los femicidios aumentan de manera exponencial. Los recursos que protegen a las víctimas son cada vez menos y las mujeres asesinadas son cada vez más.
