El Ministerio de Seguridad, encabezado por
Patricia Bullrich,
negó la entrega de legajos de efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para la investigación de Delitos de Lesa Humanidad en los que se busca esclarecer la “desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.
La negativa de Seguridad se manifestó mediante una nota con fecha 26 de mayo firmada por la ministra Bullrich, y el jefe de Gabinete del Ministerio, Carlos Manfroni.
Ambos rechazaron el requerimiento de 70 expedientes y cuestionaron el decreto que permite que la CONADI pueda solicitar documentación de efectivos policiales y de las fuerzas de seguridad a través de la “Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.
Si bien la nota señala que la CONADI fue creada por una ley, con facultades muy acotadas, el Decreto 715 de 2004, generó dentro de esa comisión una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y, a partir de ella, poder eventualmente iniciar investigaciones sobre hipotéticos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con niños apropiados durante la dictadura. Todo esto, sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona.El
Ministerio de Seguridad negó la posibilidad de que un decreto pueda válidamente crear una unidad de investigaciones con poderes propios de una fiscalía.
“En primer lugar,
debemos señalar que un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del ministerio en el que ha sido creado”, apuntaron desde la cartera de Bullrich en respuesta a la CONADI que había pedido al Ministerio de Seguridad múltiples legajos de los efectivos de las fuerzas.
En ese sentido, señalaron que “la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional”, cuestiona más adelante.
Bullrich aprovechó para manifestar que “la seguridad de una Nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado”.
“
Resulta absolutamente inadecuado –enfatiza la nota de la ministra Bullrich– que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiera información indiscriminadamente a otros ministerios. Ese procedimiento, por sí mismo objetable, resulta aun más grave si se toma en cuenta que, de los términos de la solicitud, no aparece que se esté demandando un dato preciso unido a una pista certera, algo que de todos modos debería hacer el Poder Judicial. Más bien se proyecta el examen de un alto número de legajos para la eventualidad de encontrar algo que presuntamente pueda servir al requirente”, consideró la ministra.
Y se agarró de los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a la intimidad, y en la ley 25.326, de “Protección de Datos Personales” para negarse a brindar información.
La nota del Ministerio de Seguridad concluye señaladon que “la solicitud de información realizada por la CONADI carece de fundamento jurídico adecuado” y que “por ello, no se brindará la información solicitada”.
