La relación del gobierno de Javier Milei con China cada vez es más tensa, el plan de ajuste que llevó a paralizar la obra de la represa de Santa Cruz, una de las más importantes de la república oriental en nuestro territorio, generó despidos y podría acabar con una demanda por más de USD 30.000 millones.
La obra, presupuestada incialmente en 4.700 millones de dólares, arrancó en 2013 impulsada por Cristina Kirchner, durante la gestión de Mauricio Macri se puso en pausa con enormes costos en intereses y punitorios. Fue el gobierno de Alberto Fernández quien la retomó con ritmo lento, con el financiamiento mínimo para el sostenimiento del proyecto, mientras se negociaba la actualización de los contratos. Y el gobierno de Milei tensó la situación hacia un punto que parece sin retorno, con insultos directos al país asiático y coqueteos con Taiwan.
La señal ante los agravios de Milei fue clara:
la firma china Gezhouba que tiene a cargo la construcción de las dos represas de Santa Cruz abandonó el país, frente a la falta de las firmas del Ejecutivo necesarias para continuar con la obra. Gezhouba es socia de la UTE local, conformada por Eiling (Ex Electroingenieria) e Hidrocuyo. La salida de la firma china incluyó el regreso a su país de los ingenieros, operarios y directivos que estaban en la Argentina.
El martes pasado
la empresa finalmente anunció la paralización total de la obra con el despido de 1800 trabajadores, con el lenguaje siempre protocolar y positivo de la diplomacia china.
Semanas atrás los representantes de las tres empresas mantuvieron una reunión con las autoridades de Enarsa y concluyeron en que el gobierno nacional canceló las conversaciones a primer nivel del Estado. La estrategia de los libertarios es frenar todos los avances en terceras líneas encargadas de dilatar los asuntos.
Lo cierto es que el incumplimiento del contrato por la obra de las represas contiene una cláusula cruzada con el swap con China pendiente de pago y el proyecto de modernización del Belgrano Cargas, que también cuenta con financiamiento del gigante asiático. El gobierno de Xi Jinping tiene bajo su poder créditos vínculados que podrían caerse.
Si China decide ejecutar esos créditos el país podría enfrentar deudas por más de USD 30.000 milones de dólares (USD 18.000 del swap, USD 4700 de las represas represas y los costos punitorios que alcanzan también al Belgrano Cargas estimados en poco menos de USD 10.000 millones). Para dimensionar, el número equivale al doble de lo que dice necesitar Luis Toto Caputo para dolarizar toda la economía.
Si la tensión escala al cobro de las deudas se podría sumar la decisión de dejar de comprarle al país soja y carnes. De hecho, luego de los cruces, China decidió privilegiar al Brasil de Lula en la apertura de su mercado a los pollos.
