La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo puso en estado de alerta al gobierno que encabeza Javier Milei al habilitar este martes la feria judicial para tratar durante el receso de enero el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) para que se anulen las reformas al régimen laboral que fue impuesta en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 por el Presidente para desregularizar la economía, ajustar y flexibilizar el empleo.
La resolución que firmaron los camaristas
María González y Alejandro Subera atendió el pedido de la CGT, firmado por su secretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión de las reformas al régimen laboral impuestas en el DNU.
La CGT había presentado un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del DNU y sus abogados pidieron este martes la habilitación de la feria judicial. Ahora que fue aceptada, la causa debe tiene el aval expreso para su tramite porque solo se analizan cuestiones urgentes.
“Que se viene a peticionar se habilite la feria judicial para el trámite del amparo en virtud de su importancia institucional”, pidió la CGT en su presentación.
La central obrera recordó que el DNU ya está en vigencia, con lo que el pedido no es abstracto y ese urgente, porque “es evidente, entonces, la necesidad de privar de efectos temporales a un decreto cuya invalidez posee una intensa verosimilitud del derecho como ya se ha sostenido y que expresa, en el presente, toda su potencialidad para acarrear los perjuicios detallados”.
La Cámara del Trabajo aceptó el planteo y los jeces firmantes explicaron que
“frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve”.
De este modo, el tribunal analizará el pedido para suspender los efectos del DNU y, antes, le pidió opinión a la Fiscalía General.
MARAÑA DE CAUSAS Y POSICIONES JUDICIALES SOBRE EL DNU
La CGT reclama que se declare la inconstitucionalidad de las reformas laborales que aplica del DNU y que están en vigencia desde el viernes pasado. A la vez que elabora su estrategia judicial, muestra músculo político: la semana pasada hizo una marcha al Palacio de Tribunales contra el decreto y anunció un paro general de 12 horas para el 24 de enero. Las versiones indican que Milei manda a su vocero Manuel Adorni a mostrar desinterés, pero que por lo bajo pretende diálogo con la central obrera porque sabe que la medida de fuerza será numerosa y que le pueden frenar el país.
En cuanto al avance judicial, ya tuvo una primera resolución: el juez laboral
José Ignacio Ramonet rechazó la semana pasada una medida precautelar para suspender el DNU. Argumentó que el texto no estaba en vigencia y aceptó la competencia del fuero para tramitar el caso, a la vez que le dio al gobierno nacional tres días para responder la demanda.
La gestión libertaria, por su parte, se presentó en el fuero contencioso administrativo federal para pedir que ese tribunal intervenga en el amparo de la CGT porque allí se tramita un proceso colectivo. El juez contencioso
Esteban Furnari aceptó y le reclamó la fuero laboral la causa de la entidad sindical, que apeló esa decisión al igual que el rechazo a suspender el decreto, por lo que todo está bajo revisión.
El amparo colectivo al que aludió el Gobierno lo inició la
Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, CTA y ATE, entre otros, y el juez Furnari le dio esa calidad, por lo que la discusión es si ese expediente toma a todos los demás. Uno de los amparos que se incorporó fue el de
Jorge Rizzo, actual integrante del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires y ex presidente del Colegio Público de Abogados, quien hoy pidió que se habilite la feria judicial.
“Es inocultable que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues con el dictado del DNU se encuentra comprometido una institución básica del sistema republicano y representativo de gobierno que establece la Constitución, que no es más ni menos el irrestricto respeto a la división de poderes”, justificó Rizzo y agregó que el caso presenta una “gravedad institucional” que amerita habilitar la feria.
El abogado también señaló entre sus argumentos que “los efectos del DNU han comenzado a tener eficacia, convalidándose aunque sea transitoriamente los efectos jurídicos de los actos realizados en su virtud, por más que luego sea confirmada la tacha de inconstitucionalidad que se persigue, lo que genera un evidente estado de inseguridad jurídica, una de las madres de la gravedad institucional”.
“Es a todas luces evidente que sí el tratamiento de un Decreto no admite demoras, menos demora aun admite el tratamiento de un DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA. Si hay necesidad y urgencia para la convalidación del Decreto, hay necesidad y urgencia para pronunciarse sobre la medida peticionada tendiente a suspender sus efectos en razón de resultar dicho acto administrativo un acto nulo, de nulidad absoluta e insaneable”, argumentó contundente Rizzo, que además insistió en su planteo de que se dicte una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto hasta que se analice su inconstitucionalidad.
El amparo colectivo ahora está a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal
Enrique Lavié Pico, que es el magistrado de primera instancia durante la feria de enero y quien tendrá que resolver el pedido.
Entre las varias causas iniciadas contra el DNU en la que se pide su inconstitucionalidad ya hay dos en las que se habilitó la feria, además de la de la CGT. En primer lugar, un amparo iniciado en la provincia de San Juan y en segundo orden en la justicia federal de Lomas de Zamora.
En este último el juez federal
Juan Pablo Auge habilitó la feria pero dispuso que su causa pase a integrar el amparo colectivo que se inició en el fuero contencioso administrativo federal y que está recibiendo varias de las causas.
Por otra parte,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que intervendrá en la causa que recibió recién en febrero, con el regreso de la actividad judicial. Es en la causa que inició el gobernador de La Rioja,
Ricardo Quintela, contra el DNU y en la que pidió que se habilite la feria judicial.
