A la espera de que la Cámara Federal de Casación Penal decida si Mauricio Macri sigue sobreseído o si vuelve a estar procesado como líder del espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a nuevos testigos, vinculados a las fuerzas de seguridad, para que brinden su testimonio.
En concreto y después de meses en que la causa estuvo frenada, el magistrado solicitó al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires “copias del legajo de
Leonardo Miguel Cuadra, especificándose si sobre él pesan denuncias de mala praxis o algún tipo de sanción”.
Lo que busca saber Martínez de Giorgi es
qué antecedentes como abogado tiene Cuadra, quien defendía al narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez. Este último fue quien denunció las supuestas maniobras pero luego, llamativamente, se desdijo al sostener que sus dichos fueron “guionados”.
El juez también convocó como testigos al oficial mayor Javier Ríos, jefe del Equipo de Investigaciones de la Unidad Operacional Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hombre encargado de parte de las tareas de investigación sobre el abogado y ex espía Facundo Melo, en cuyo teléfono fue hallada gran parte de la prueba recabada en el expediente.
La lista de citados por Martínez de Giorgi se completa con el oficial mayor Diego Cucci y la oficial ayudante Débora Chaves, de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la PSA.
También citó testigos de Gendarmería, como el primer alférez Alexis Maximiliano Avil; el cabo primero José Zarza; su par Walter Britos; la cabo Cristina Escobar y el cabo Roberto Calgaro, todos del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires”.
También integran la lista el comandante Martín Miguel Arias y el Alférez Jonathan González, de las Fuerzas Especiales Alacrán, de la Gendarmería Nacional, y el oficial mayor Juan Cuello y el oficial ayudante Leandro Cabrera, ambos de la PSA.
Estos movimientos en la causa suceden al filo de la deadline para que Casación empiece a analizar oficialmente el sobreseimiento del expresidente Macri en una audiencia fijada para el próximo 30 de agosto.
Antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación Penal había aceptado al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y al abogado Alberto Binder como "amicus curiae".
Además del caso de Macri,
la sala II del máximo tribunal penal del país debe revisar los sobreseimientos con los que fueron beneficiados quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemso, es decir Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
En concreto, decidirán sobre Macri, su amigo "más acostumbrado a hacer trampa" Arribas y Majdalani los jueces
Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci.
Los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani fueron dictados en julio del año pasado por la Cámara Federal porteña, que argumentó que las maniobras de supuesto espionaje ilegal a familiares que reclamaban saber la verdad sobre el hundimiento del submarino San Juan correspondían en realidad a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial y, por otro lado, a episodios "autogestionados" por agentes. Es decir, el ex presidente y las dos autoridades de la AFI no tuvieron nada que ver, según ese tribunal.
