Diputados emitió este jueves una resolución de admisibilidad para los 14 pedidos de juicio político contra la Corte Suprema. De esta manera, se abrirá el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los miembros del máximo tribunal.
Con su mayoría en la
Comisión de Juicio Político (16 sobre 31 integrantes), el Frente de Todos se aseguró el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento a partir de una sola resolución y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.
A partir de este momento, el proceso de juicio político continuará con un
período de investigación, recolección de pruebas y testimonios para concluir si se emitirá un dictamen acusando a cada uno de los jueces de la Corte. Se espera que esta etapa se extienda al menos tres meses.
Los 14 proyectos están en condiciones de ser analizados por el plenario de Diputados, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta). Igualmente,
el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.
De los expedientes que se tramitan, el oficialismo utiliza como referencia el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
LOS FUNDAMENTOS DE LAS ACUSACIONES
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Otra de los causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
