El Ministerio de Trabajo dictó esta tarde la conciliación obligatoria en el conflicto de los trabajadores del peaje, que este martes llevaron adelante una jornada de protesta, en las que mantuvieron abiertas las barreras en las principales rutas y autopistas del país.
De esta manera,
se fijó una audiencia que se realizará el próximo 7 de noviembre a partir de las 14:00, con el objetivo de acercar posiciones entre las partes y así destrabar el conflicto.
Alrededor del mediodía, los empleados de peajes nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) se movilizaron al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Callao al 100, donde llevaron las protestas, en paralelo a la marcha de los empleados judiciales de la UEJN, que también llevan a cabo una jornada de protesta.
En el comunicado que SUTPA dio a conocer, indicó que la protesta "radica en la
incertidumbre que tenemos acerca del futuro de nuestra actividad. La falta de planificación por parte del Gobierno Nacional y Provincial en lo que respecta al funcionamiento y al futuro de las concesiones viales pone en riesgo el trabajo de 7000 familias".
"A su vez, la imprevisión y ausencia de políticas públicas que cuiden las rutas y autopistas resienten la conservación y el mantenimiento de las mismas, situación que también atenta contra la seguridad de millones de usuarios", agregaron.
A su vez, el SUTPA denuncia la
falta de pago de obligaciones paritarias asumidas, "obligándonos a salir a la lucha frente a una inflación imparable, y ante un escenario donde los trabajadores venimos perdiendo poder adquisitivo hace 5 años consecutivos".
"No hay futuro ni progreso si la gente se queda sin trabajo o se precarizan sus tareas. Cualquier cambio debe ser con los trabajadores y el sindicato, jamás contra ellos", denunciaron, además, acerca del desembarco de nuevas tecnologías en el sector.
Por otra parte, el sindicato denunció la "inoperancia política" que "pone en riesgo fuentes de trabajo en un país donde casi el 39% de la población es pobre y más de 4 millones de argentinos son indigentes".
"Sin entrar en el debate de la privatización o estatización de las concesiones, nosotros queremos que haya gestiones que indistintamente de su modalidad, tengan previsión, planificación, y cuiden el trabajo, las rutas y a los usuarios de las rutas de nuestro país", concluye el comunicado.