El exfuncionario macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón confesó ante la Justicia uruguaya que fue operador judicial durante la gestión de Cambiemos y argumentó que no puede regresar a la Argentina por temor a perder su "seguridad y libertad".
En el escrito, ratifica las sospechas sobre cómo fue su nivel de influencia durante el macrismo. También admite los cuestionamientos de los que fue objeto por ser el nexo entre jueces y el gobierno de Macri, en una actuación sin marco legal que lo coloca en la categoría de “operador".
De todas maneras, la maniobra jurídica de “Pepín” tiene un doble objetivo. Por un lado, intentar conmover a la Comisión de Refugiados que depende de la ONU pero mucho más relevante y obturar el juicio de extradición solicitado por la jueza federal María Servini ante la rebeldía del exoperador a presentarse a indagatoria que tramita ante el Juzgado Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno con intervención de la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Ricardo Lackner.
La presentación duplicada de Rodríguez Simón, también ante la Justicia, tuvo como fin dilatar cualquier extradición, más allá de que el refugio le fuera rechazado por ausencia de fundamentos. El foco está puesto sobre lo que pueda definir Lackner, quien solicitó antecedentes sobre un juicio de similares características que había requerido Paraguay, una táctica que termina siendo funcional al objetivo de Rodríguez Simón: ganar tiempo.
Para “Pepín”, Comodoro Py es como se denomina “un grupo de juzgados y fiscalías penales federales que, desde la última dictadura militar y también durante los gobiernos democráticos, fueron colonizados por agentes o colaboradores de los servicios de inteligencia locales, constituyendo una poderosa corporación extorsiva y al margen del derecho”
Por otra parte, sostuvo que es víctima de “proscripción política” y “hostigamiento mediático”, y “discurso de odio”. “Padezco una creciente persecución por mis opiniones, actuación y afiliación política que me hace temer por mi libertad y seguridad”, sostuvo “Pepín” ante la CORE.
En tanto, en los párrafos más relevantes está “la inédita situación de presión sobre la justicia en general por parte del Gobierno y su red de medios”, algo que es precisamente la denuncia en espejo que atravesó la administración de Macri. Por ello fue llamado a indagatoria “Pepín”.
También acusó de “distorsiones" sobre su situación procesal y su pedido de captura internacional que avaló Interpol, y reconoció que recibe información de “periodistas independientes” sobre su certeza a ser encarcelado.
En cuanto a sus roles en la gestión de Cambiemos, se autodefinió como “interlocutor y enlace político del PRO con la Coalición Cívica, a nivel local (CABA), nacional y regional”. También se autodefinió como “interlocutor político del PRO con movimientos sociales de izquierda”, señalando a la CTEP de Juan Grabois, un nexo siempre sospechado, pero ahora confirmado.
“Como asesor ad honorem del GCBA fui enlace con el Gobierno Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri en temas políticos, jurídicos e interjurisdiccionales”, confesó.
A su vez, enunció que es "abogado de confianza de Macri y de Rodríguez Larreta” y “consultor de cuestiones técnicas de derecho internacional”. “Soy íntimo amigo personal de José María Torello desde hace más de cuarenta años”, indicó. Es otro de los imputados por la mesa judicial y su interacción en la presión de jueces.
Del mismo modo, reconoció ser "amigo personal desde hace más de cuarenta años de Carlos Rosenkrantz, Ministro de la Corte desde 2016 y presidente desde 2018”.
Al respecto, “Pepín” abordó el capítulo de jueces de la Corte relatando la cronología de designación de Rosenkrantz y de Horacio Rosatti por decreto simple, al comienzo de su mandato. “Los candidatos habían sido sugeridos por mí a requerimiento de Macri cuando era candidato y la modalidad de designación provisoria había sido también sugerencia mía como una alternativa válida jurídicamente”, confesó Rodríguez Simón, subrayando en negrita cada letra de uno de los hechos más cuestionados de la gestión de Macri. De su boca jamás había salido la admisión de que sugirió los candidatos y que no pasaran por el Senado para rellenar la Corte. “Si bien la validez jurídica de la designación en comisión no fue cuestionada, sí lo fue la oportunidad política”, se excusó. Adjuntó captura de pantalla de una entrevista donde Macri afirmaba que el decreto había sido idea de su asesor. Pero hasta ahora nunca se había dicho que acercó los nombres cuando el expresidente era candidato.
El documento de ampliación de fundamentos es extenso, voluminoso y con la táctica de “copy paste” de capturas de pantalla intercaladas sobre noticias, con un conveniente recorte de fuentes y detalles de color que, curiosamente, impresionaron para bien a la Justicia uruguaya. Una monografía sobre sí mismo intentando colocarse en situación de perseguido ideológico pero que, de camino, ratifica las sospechas sobre cómo fue su nivel de influencia durante el macrismo.
