El juez porteño Norberto Circo envió a los tribunales de Comodoro Py la investigación por los incidentes ocurridos en la zona del Congreso cuando se debatía el acuerdo con el FMI. De esta manera, tramitarán juntas las causas por el ataque al despacho en el Senado de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la de los hechos ocurridos fuera del Congreso.
Según el magistrado,
debe investigarse todo en un expediente ya que se trata de un único episodio. La fiscalía porteña se opuso por lo que adelantó que la decisión del juez sería apelada.
“En aras de mantener una buena administración de Justicia de esta Ciudad de Buenos Aires y toda vez que el Ministerio Público Fiscal, de esta Ciudad, ha realizado una excelente, eficaz y veloz investigación de los hechos, que en principio resultan ser competencia local, lo cierto es que ellos se enmarcan en un contexto más amplio que no puede perderse de vista”, entendió el juez Circo al considerar que todo debe tramitar en un solo expediente y en la justicia federal.
Los hechos ocurrieron el 10 de marzo en el marco del tratamiento en la Cámara de Diputados del acuerdo del Gobierno con el FMI. Hubo ataques en las instalaciones del Congreso Nacional, con piedras arrojadas hacia las oficinas de la vicepresidenta Cristina Kirchner. También quedaron afectadas las oficinas que ocupan los senadores José Mayans y Claudia Abdala.
Mientras tanto, fuera del Congreso ocurrían incidentes y a un policía le tiraron una bomba molotov. Por ello intervino la Policía de la Ciudad, formándose una causa a cargo del juez Circo.
Por otro lado,
la jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti quedó a cargo de lo que ocurrió ya dentro del Congreso, puntualmente del ataque al despacho de Cristina Kirchner y le pidió a su par de la ciudad que se inhibiera de seguir actuando y le remitiera su causa.
La jueza había dicho que “existe una vinculación entre los hechos aquí investigados y los que tramitan en ese fuero y podría haber involucrado una conducta organizada de forma previa a la consumación de los hechos, con el fin de provocar el estado de alarma que sanciona el art. 211, CP, con el propósito de afectar la función legislativa”.
También sostuvo que al haberse arrojado una bomba molotov era de competencia federal.
En la causa de la justicia porteña hay dos sospechosos con prisión preventiva, Oscar Santillán y el venezolano Alexander Rodríguez Carrero, por asociación ilícita que protagonizó y coordinó los incidentes, “atentado a la autoridad, daño agravado al patrimonio de la cuidad, obstrucción a la vía pública, ensuciar bienes y portar armas no convencionales”. Ambos estarían vinculados al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
En tanto, en la causa de la justicia federal no hay detenidos, pero hay 11 sospechosos; dos de ellos, Jonathan García y Leonardo Cáceres se negaron a declarar. Hay cuatro con pedido de captura porque no pudieron ser localizados en sus domicilios, según informaron fuentes judiciales.
En esta causa, la Presidencia del Senado encabezada por Cristina Kirchner y representada por la abogada Graciana Peñafort pidió ser querellante para impulsar el caso, lo que fue concedido.
