La Justicia de Corrientes investiga 75 denuncias penales con respecto a incendios intencionales en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia.
Así lo informó el fiscal general del Poder Judicial provincial, César Sotelo, quien el 15 de febrero ya había ordenado a los instructores de toda la provincia que priorizaran los delitos relacionados a incendios "rurales y/o forestales, procurando su pronta resolución". La indicación incluyó la solicitud de "apelar a todas las medidas y recursos disponibles para el esclarecimiento de esos hechos", que ya afectaron al 9 por ciento del territorio provincial.
Las investigaciones, impulsadas a través del
decreto provincial 15, busca dar con los responsables de los incendios, que acarrean el "consecuente peligro de vida y riesgo a la integridad física de las personas y a sus bienes", y la "destrucción del ecosistema ambiental y las magnánimas perdidas en la producción agrícola ganadera en todo el territorio provincial".
Sotelo solicitó que se promuevan reuniones con las Fuerzas de seguridad locales "a fin de impartirles las instrucciones pertinentes para la inmediata investigación de delitos de esta índole, estableciendo directivas que garanticen la intervención eficaz del Ministerio Publico Fiscal".
Según fuentes judiciales,
se estima que cerca de la mitad de los incendios fueron provocados en forma intencional.
De acuerdo con un relevamiento satelital del Instituto Nacional Agropecuario (INTA), los incendios consumieron al menos 408.856 hectáreas de malezas, esteros y otros bañados, además de 31.265 de bosques cultivados y 38 mil de bosques nativos.
Los distritos más afectados por el fuego son Ituzaingó, con 138.100 hectáreas; San Miguel, con 93.713, y Santo Tomé con 81.705.
