Los economistas estadounidenses Joseph Stiglitz y Kevin Gallagher plantearon severos reparos al cobro de sobrecargos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y estimaron que la Argentina desembolsará unos USD 3.300 millones por ese concepto en el período 2018-2023.
En una columna publicada en la página web del Centro de Investigación de Política Económica de la Unión Europea, indicaron que
"la suspensión de los sobrecargos les daría un respiro a los países más afectados y también daría tiempo a que se reviera por completo el sistema de sobrecargos con miras a eliminarlos por completo".
Para los economistas, "estos sobrecargos son sanciones financieras procíclicas impuestas a los países justo en el momento en que menos pueden pagarlos, al tiempo que empeoran los posibles resultados tanto para el país prestatario como para sus inversores, y el FMI obtiene ganancias a expensas de ambos".
"Los sobrecargos son contraproducentes, porque son procíclicos. Para cumplir con los requisitos adicionales de moneda extranjera, los países pueden verse obligados a adoptar políticas aún más contractivas. Es irónico que se pida a los países más pobres y desesperados que financien una de las instituciones mundiales más importantes, pero en la que su voz tiene poco peso. Los sobrecargos aumentan sustancialmente el costo de los préstamos del FMI. Para los 14 países afectados por los recargos, se estima que aumentarán los costos de endeudamiento con FMI en un promedio de 64,1%", proyectaron.
En referencia a la Argentina, estimaron que "el gobierno gastará u$s3.300 millones, en sobrecargos de 2018 a 2023, lo que equivale a nueve veces la cantidad que tendría que gastar para vacunar completamente a todos los argentinos contra Covid-19".
"El FMI -continuaron- ha impuesto condiciones contraproducentes que llevan a la contracción económica, y porque el FMI no ha logrado imponer condiciones que impidan que los acreedores privados saquen rápidamente su dinero del país. La conjunción de todos estos factores socava la confianza, lo que explica por qué tantos programas del FMI a menudo fracasan. Estos sobrecargos, pagaderos en moneda fuerte, se les imponen a los países en el preciso momento en que normalmente se enfrentan a una escasez real de dicha moneda".
Stiglitz y Gallagher puntualizaron en un informe que "cuando se imponen sanciones financieras procíclicas a los países cuando menos pueden pagarlas, los recargos son un golpe más para las perspectivas del país prestatario, sus inversores y acreedores privados; sin embargo es el FMI quien obtiene ganancias a expensas de todos. Esta transferencia de recursos al FMI tiene consecuencias especialmente profundas para el país prestatario, ya que afecta no solo el nivel de pobreza, salud, educación y bienestar general del país en crisis, sino también su potencial de crecimiento y capacidad para recuperar el acceso al mercado".
Para ambos economistas,
"el FMI estima que los sobrecargos se han convertido en la mayor fuente de ingresos del FMI y se prevé que sigan creciendo a medida que los países sufren. Este es un modelo comercial perverso para el FMI, que obliga a los países desesperados a pagar una suma desproporcionadamente mayor por sus operaciones, con la doble afrenta de que siguen sin tener representación suficiente en su estructura de gobierno".
Finalmente, concluyen en que "la suspensión de los sobrecargos les daría un respiro a los países más afectados y también daría tiempo a que se reviera por completo el sistema de sobrecargos con miras a eliminarlos por completo. La gran lección que nos deja la pandemia es que necesitamos una arquitectura económica más resiliente. La suspensión de sobrecargos es un modo obvio de continuar con este progreso en 2022, dándole a los países afectados y a la economía mundial una gran oportunidad para recuperarse y ser mejores y más fuertes que antes".
